La ciudad de Cali inició este martes el proceso de demolición de 36 de las 60 edificaciones que sufrieron los daños más severos a causa del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro y oeste de Colombia el pasado 10 de agosto. La medida fue confirmada por la Alcaldía tras la evaluación técnica de las estructuras que presentan riesgo inminente de colapso.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, precisó que las cuadrillas e inspectores de ingeniería han evaluado más de 4.000 inmuebles de una meta proyectada de 14.000 construcciones en toda la ciudad. De esa muestra preliminar, se determinó que 60 edificaciones deberán ser demolidas de forma definitiva. Hasta la fecha, el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo ha avalado la intervención de 36 inmuebles, mientras que los 24 restantes avanzan en el trámite administrativo de autorización.
Metas de la fase de reconstrucción
Las autoridades locales enfatizaron que el derribo de los inmuebles comprometidos busca despejar las zonas afectadas para dar paso inmediato a los proyectos habitacionales. «Quiero ser claro en que el principal objetivo que hoy tenemos es iniciar cuanto antes la reconstrucción de vivienda. Yo espero que, a más tardar en diciembre, podamos ver las primeras obras que inician en los predios colapsados», señaló el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela.
Las acciones forman parte del plan de recuperación urbana emprendido por el gobierno local tras la declaración de emergencia por el sismo.
Balance nacional de la tragedia sísmica
De acuerdo con las cifras oficiales recopiladas por los organismos de socorro, el terremoto de agosto dejó un saldo trágico de al menos 335 fallecidos, 4.516 heridos y 364 personas rescatadas entre los escombros. A nivel de infraestructura, la sacudida provocó la destrucción total de 36.478 viviendas y causó daños de diversa consideración en otras 206.931.
La emergencia golpeó a la mitad del territorio colombiano, abarcando 500 municipios distribuidos en 16 departamentos. En total, se contabilizan 486.917 personas pertenecientes a más de 300.000 familias con algún tipo de afectación directa por el evento telúrico.
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