El expresidente de Bolivia Evo Morales calificó este martes al mandatario Rodrigo Paz como un «corregidor español», en respuesta a las declaraciones emitidas por el Gobierno sobre la necesidad de recurrir a la cooperación internacional para hacer efectivas las dos órdenes de aprehensión que pesan en su contra.
La controversia se avivó tras los pronunciamientos del ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, quien señaló que la colaboración regional resulta «fundamental» y constituye una prioridad para que Morales responda ante la justicia boliviana. Aramayo argumentó que el exjefe de Estado forma parte de estructuras y redes de proyección internacional, asegurando que las gestiones en el exterior se ejecutarán bajo el marco normativo y en pleno ejercicio de la soberanía nacional.
Ataques a la legitimidad del presidente y atrincheramiento en el Chapare
A través de un extenso comunicado en redes sociales, Morales arremetió contra el ministro Aramayo tildándolo de «ministro de colonias» y reiteró sus cuestionamientos sobre el origen de Rodrigo Paz. El actual presidente nació en Santiago de Compostela (España) durante el exilio de sus padres —la ciudadana española Carmen Pereira y el expresidente boliviano Jaime Paz Zamora— quienes acudieron al destierro durante las dictaduras militares bolivianas.
Morales sostuvo que el Ejecutivo actúa bajo un «estatuto de vasallaje» y calificó al Gobierno de encontrarse en «estado agónico». Desde octubre de 2024, el exmandatario se mantiene en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión sindical y político, resguardado por grupos de allegados para impedir la acción de los cuerpos de seguridad.
Procesos judiciales pendientes y amenazas de movilización
Sobre Morales pesan dos órdenes de aprehensión vigentes. La primera responde a una causa por presunta trata agravada de personas, vinculada a una investigación sobre su relación con una menor de edad durante su mandato en 2016. La segunda fue emitida por la Fiscalía bajo cargos de terrorismo y alzamiento armado, derivado de los bloqueos de vías que paralizaron al país durante mayo y junio.
En este contexto de confrontación, la dirigencia afín al exgobernante y los sectores cocaleros han amenazado con iniciar una nueva ola de protestas a partir del 13 de octubre. La convocatoria busca presionar contra el plan de ajustes económicos impulsado por la administración de Paz, que incluye medidas de austeridad fiscal como la eliminación gradual de los subsidios al diésel.
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