

Por instrucciones del Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera (Senafim), se encuentran retenidas nueve gandolas de cemento en el peaje Palo Grande, vía que conduce a la zona sur del estado Bolívar. La medida ha desatado el descontento de los transportistas, quienes la califican de «injusta y arbitraria», mientras que el sector empresarial advierte que la acción paraliza el 90% de la actividad de la construcción al Sur del estado Bolívar.
De acuerdo con los afectados, una funcionaria del organismo ordenó la retención bajo el argumento de que los vehículos deben portar una autorización exclusiva de Senafim. No obstante, representantes del sector construcción aclararon que, hasta la semana pasada, la carga transitaba sin contratiempos avalada por los permisos y guías emitidos regularmente por Planta Guayana o Cerro Azul.
Los denunciantes señalaron que, si existía un cambio en la normativa, Senafim debió notificar previamente a las plantas procesadoras para suspender los despachos. Asimismo, aclararon que el destino de las casi 300 toneladas de cemento, distribuidas en cargas de 32 toneladas y 778 sacos por unidad no son de las zonas mineras, sino para cubrir la demanda de la red de ferreterías que abastece a los municipios del sur.
Ante la gravedad de la situación, el sector económico hizo un llamado urgente a la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, y a las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Economía, para que revisen este tipo de procedimientos que, lejos de fortalecer el aparato productivo nacional, asestan un duro golpe a la economía regional.
Choferes en condiciones inhumanas
Santiago Carmona, uno de los conductores afectados, denunció el impacto humano de esta decisión tomada «de la noche a la mañana».
“Desde el sábado estamos varados en el peaje, sin poder asearnos, comiendo mal y pasando necesidades sin justificación alguna. ¿Quién se hace responsable por este atropello que también afecta a nuestras familias?”, cuestionó Carmona.
Los transportistas lamentaron que, por una traba burocrática, nueve padres de familia lleven días en condiciones de vulnerabilidad y subsistiendo gracias al apoyo de terceros, sin que ninguna autoridad de Senafim les ofrezca una respuesta clara sobre el destino de la carga.
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