Managua.- El caso de los estudiantes opositores de Nicaragua, quienes han denunciado ser víctimas de represión, persecución y encarcelamiento, fue abordado este jueves en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que da seguimiento a la crisis sociopolítica que vive el país centroamericano desde 2018.
En una audiencia dirigida por el presidente de la CIDH, Joel Hernández, además relator del organismo para Personas Defensoras de los Derechos Humanos, los estudiantes Yasaury Potoy, Heyling Marenco y Elton Rivera expusieron las violaciones las que han sido víctimas los alumnos disidentes en Nicaragua, desde el estallido social contra el presidente Daniel Ortega, en abril de 2018.
“El Estado de Nicaragua ha practicado conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad”, indicó el activista Carlos Berríos, del Centro para la Cultura de Paz, que presentó el caso junto con el Centro para la Acción No Violenta, Red Juvenil Centroamericana Previos, Juventudes de Latinoamérica en el Caribe (Juvenlac), Movimiento Cívico 19 de Abril, y Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef).
Los estudiantes afirmaron ante la CIDH que el sector universitario encendió la chispa de las protestas antigubernamentales al ver que fuerzas de choque sandinistas agredieron a un grupo de ancianos que reclamaba por la seguridad social, y que la reacción del Gobierno fueron los ataques con armas de guerra que dejaron decenas de alumnos muertos y cientos de arrestados.
Declararon que decenas de sobrevivientes fueron capturados, acusados de delitos comunes, condenados, y encerrados en cárceles de máxima seguridad, en algunos casos, sin acceso a medicamentos.
HISTORIAL BORRADO
También denunciaron que las universidades estatales y privadas afines del Gobierno expulsaron a decenas de estudiantes que participaron en las protestas de 2018, sin pasar por un proceso administrativo, sin oportunidad de defenderse, y sin entregarles los documentos necesarios para continuar con sus estudios dentro o fuera de Nicaragua.
En algunos casos les fue borrado todo su historial, en su mayoría a jóvenes que estaban entre los años tercero y quinto de sus carreras. Según Rivera, al menos 96 estudiantes se encuentran en dicha situación.
El representante de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Alberto Brononi, quien se presentó a la audiencia como informante sin juramento, afirmó que el sector estudiantil “ha resultado entre los más afectados” de la crisis en Nicaragua, y llamó al Gobierno a seguir las recomendaciones de respeto a los derechos humanos que ya ha expresado Michelle Bachelet.
La vicepresidenta de la CIDH y relatora del organismo para Nicaragua, confirmó la denuncia de los jóvenes, advirtiendo que lo hacía de primera mano, porque durante una visita al país, vio cómo a algunos de ellos, a quienes conoció mientras protestaban, después los encontró encarcelados o supo que habían muerto.
El Relator de la CIDH para las Personas Privadas de Libertad, Stuardo Ralón, mencionó que “es doloroso, lamentable, ver que se sigue dando a la fecha el mismo patón, de uso excesivo de la fuerza de grupos parapoliciales y fuerzas de choque con tolerancia del Estado”.
LA CRISIS CONTINÚA
La comisionada Esmeralda Arosemena pidió a la CIDH “buscar una fórmula que garantice la posibilidad de acceder a algo que les pertenece, que son los créditos universitarios”, ya que “el derecho a la educación es un pilar para el desarrollo de la vida, de la humanidad entera”.
La situación de los estudiantes impacta en el aspecto médico, el derecho al trabajo, a la salud física y mental, así como a las becas estudiantiles, debido a recortes del Gobierno para la preparación académica, resalto la relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García.
“Me cuesta a veces creer que un Gobierno cuyo partido surgió de una revolución contra una dictadura haya ordenado asesinar estudiantes, como lo habrían ordenado las dictaduras del Cono Sur en su momento”, comentó el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, quien se refirió a la Administración de Daniel Ortega como “una dictadura, hay que decirlo”.
Lanza resaltó que incluso en Venezuela “los estudiantes con muchísimas dificultades están defendiendo sus espacios”, mientras que a los de Nicaragua “les suprimieron de forma brutal sus derechos”.
De acuerdo con la CIDH, al menos 328 personas murieron en los ataques armados de 2018 contra las manifestaciones antigubernamentales. Organismos locales cuentan hasta 684, mientras que Ortega admite 200 y se ha declarado víctima de un “golpe de Estado fallido”.
En septiembre pasado Bachelet informó que la crisis de derechos humanos en Nicaragua continúa.
EFE
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