Ciudad Guayana.- El Arco Minero del Orinoco (AMO), al sur de Venezuela, es uno de los territorios en los que se ha evidenciado numerosos casos de desapariciones forzadas. Las víctimas directas, personas que se han ido en busca de mejorar su situación y calidad de vida, han sido contabilizadas por la Comisión para los Derechos Humanos y Ciudadanía (Codehciu), la cual compiló 197 reportes de desapariciones ocurridos entre los años 2012 y 2022, con solo un 20% de personas aparecidas.
Por su parte, el Estado no ha manifestado respuestas a los familiares de los desaparecidos, ni tampoco ha implementado políticas públicas para controlar tal violación a los Derechos Humanos. Esta es una de las razones por las que los casos, a veces, ni siquiera son denunciados ante los órganos competentes.
El patrón de las desapariciones indica que las víctimas viven una realidad llena de violencia, en la que grupos armados conforman la autoridad e impiden que exista comunicación con sus familiares, despojándoles sus celulares. Aunado a esto, la zona minera en la que se adentran para trabajar como obreros o vendedores informales, carece de señal telefónica.
Codehciu, en su último informe sobre desaparición de personas, indicó que en el transcurso de este 2022, cinco casos han sido reportados y que se mantiene la falta de apoyo por parte del Estado.
Esta situación mencionada también involucra a niños que pierden a uno o a sus dos padres, quedando al cuidado de terceras personas. Es así como las víctimas indirectas, sin importar su edad, pagan las consecuencias de este proyecto extractivista de minerales y de la impunidad que preside ante los delitos en este país.
El informe finaliza con un llamado de atención al Estado para que tome responsabilidad ante estos hechos, y a los medios de comunicación para que reflejen la realidad que acontece en el Arco Minero del Orinoco.
María Laura Aray, con información de Prensa Codehciu
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