Caracas.- La oposición venezolana denunció este viernes que la tortura «sigue siendo una práctica común» por parte del Gobierno de Nicolás Maduro y que tan solo en 2019, el número de víctimas se incrementó en más del 526 %.
Según el encargado de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Humberto Prado, «desde la llegada de Maduro, en 2013, han muerto 72 personas a causa de torturas en Venezuela, de acuerdo a cifras de la ONG Provea, que también señalan que entre enero y diciembre de 2019 los casos de tortura incrementaron en 526.6% en comparación con el año anterior».
Las cifras que ofreció Prado, basadas en el informe de la ONG, contabilizan 5.232 violaciones a la integridad personal, 852 víctimas de trato cruel, 1.033 heridos, 1.804 allanamientos ilegales y 810 casos de amenazas y hostigamiento.
A juicio de Prado, quien hizo estas declaraciones en el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, los cuerpos de seguridad del Estado son los que mayor participación han tenido en estos delitos, ejecutados «en establecimientos oficiales de detención o en zonas militares».
Prado señaló específicamente a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC, policía científica).
IMPUNIDAD
En opinión del opositor, la falta de investigación de las torturas y la ausencia de sanciones fomentan que haya un alto margen de impunidad y la repetición de estas prácticas.
«Es imprescindible que el Estado se aboque a investigar, aun de oficio, los actos que pudieran constituir tortura, someta a los presuntos responsables ante la justicia y aplique las sanciones a las que haya lugar», remarcó.
Sin embargo, el encargado de Derechos Humanos sostuvo que el Gobierno de Maduro tiene «compromisos pendientes con la prohibición de la tortura», como la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Si el Ejecutivo ratificase dicho documento, se vería obligado a permitir que distintos órganos independientes puedan visitar, sin previo anuncio y sin restricciones, aquellos lugares donde hay personas privadas de libertad.
CRÍMENES DE ESTADO
La Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, tras una visita a Venezuela hace un año, publicó un informe donde daba cuenta de graves crímenes de Estado cometidos en el país caribeño.
En la presentación del documento, Bachelet dijo que «la tortura es un grave problema», y aludió al caso del capitán Rafael Acosta, quien, tras ser detenido de modo arbitrario, falleció bajo custodia y tras ser torturado, hecho que coincidió con la visita de la Alta Comisionada a Venezuela.
«Tal y como demuestra nuestro informe, el Estado de derecho y varias instituciones esenciales del país han sido profundamente erosionadas. El uso excesivo y letal de la fuerza se ha usado contra manifestantes, y también en operaciones de las Fuerzas Especiales», subrayó Bachelet.
EFE
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