Cepaz exige «reglas claras» en la elección de magistrados para evitar vicios del pasado

La ONG venezolana Centro de Justicia y Paz (Cepaz) instó este martes a que el proceso para designar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se rija por normas estrictas de transparencia. El llamado busca prevenir que se repliquen las irregularidades denunciadas durante la reciente elección del Fiscal General y la Defensora del Pueblo.

A través de sus canales oficiales, Cepaz advirtió que la renovación del máximo tribunal no debe ser un trámite condicionado por intereses partidistas. «La designación de magistrados no puede repetir los errores recientes, donde el proceso constitucional fue desplazado por la lógica política. Un camino así solo prolonga la crisis institucional», señaló la organización.

Exigencias para el Comité de Postulaciones

Para garantizar la legitimidad del proceso, la ONG indicó que el comité parlamentario a cargo debe operar con una hoja de ruta pública. Esto incluye convocatorias abiertas, plazos definidos y una verificación rigurosa de credenciales. Según Cepaz, la ciudadanía debe tener acceso total a la información para fiscalizar que los seleccionados posean una trayectoria profesional sólida y no sean elegidos por «sustituir lealtades dentro del aparato de poder».

El sistema judicial como herramienta de control

El organismo denunció que, actualmente, el Poder Judicial funciona como un mecanismo de control social. Entre las prácticas señaladas figuran la inadmisión sistemática de habeas corpus, la imposibilidad de los imputados de contar con abogados de confianza, el retardo procesal deliberado y la imposición de penas desproporcionadas con fines ejemplarizantes.

Un mandato hacia la transición democrática

Cepaz enfatizó que la independencia del TSJ es una condición sine qua non para la estabilización del país tras la captura de Nicolás Maduro en enero de este año. «Las víctimas de detención arbitraria y persecución política no necesitan un TSJ renovado solo en nombres; necesitan una institución capaz de sancionar a los responsables y garantizar justicia real», sentenció la ONG.

Este proceso se activa tras el anuncio del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sobre la existencia de «plazas vacantes» en el TSJ. La iniciativa forma parte del esquema de gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien desde febrero ha promovido medidas como la Ley de Amnistía, la cual ha otorgado libertad plena a más de 8.000 ciudadanos, aunque el proceso aún enfrenta críticas por la falta de publicación de listados oficiales de beneficiarios.

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