La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) manifestó este domingo su profunda consternación ante el fallecimiento de Víctor Quero Navas, un caso que ha conmocionado al país tras el reconocimiento tardío del Gobierno sobre su deceso, ocurrido hace meses mientras se encontraba bajo custodia del Estado.
La Iglesia calificó como «signos de falta de transparencia» el hecho de que las autoridades suministraran información contradictoria a la familia de Quero Navas. Según el Episcopado, el Estado negó el paradero del joven en recintos como la cárcel El Rodeo I cuando este ya había fallecido en julio de 2025. Para la CEV, esta «ocultación deliberada» configura elementos de desaparición forzada, un delito que instaron a la justicia a no ignorar bajo ninguna circunstancia.
Solidaridad con el «viacrucis» de las madres
En el marco de la celebración del Día de la Madre, la organización católica se solidarizó especialmente con Carmen Navas, madre de la víctima. El comunicado describe su búsqueda como un «viacrucis» que representa el sufrimiento de tantas familias venezolanas marcadas por el hostigamiento y la incertidumbre. La Iglesia enfatizó que el Estado tiene el deber moral y jurídico irrenunciable de garantizar la vida e integridad de todos los privados de libertad.
Exigencia de responsabilidades y validación internacional
Ante la exhumación de los restos realizada el pasado viernes, la CEV hizo un llamado para que expertos internacionales validen los hallazgos. El objetivo, según la institución, es esclarecer la verdad sin sesgos y detener la «crueldad institucional» que revictimiza a los familiares. Asimismo, instaron al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a actuar con verdadera autonomía para determinar las responsabilidades penales de los funcionarios que permitieron que el joven muriera «en el olvido».
El historial de muertes bajo custodia
El Ministerio del Servicio Penitenciario informó que Quero Navas falleció por insuficiencia respiratoria tras ser trasladado a un hospital en julio de 2025; sin embargo, la noticia se dio a conocer formalmente esta semana tras la presión social y familiar. Este caso se suma a una estadística alarmante: según diversas organizaciones no gubernamentales, desde el año 2014 han fallecido 27 personas detenidas por motivos políticos mientras se encontraban bajo la responsabilidad directa del Estado venezolano.
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