La Registraduría Nacional del Estado Civil, organismo responsable de la organización de los comicios en Colombia, solicitó formalmente al presidente Gustavo Petro «no incurrir en la desinformación». El pronunciamiento de la entidad ocurrió luego de que el jefe de Estado utilizara sus redes sociales para cuestionar la transparencia y las garantías logísticas de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo domingo.
La tensión se desató tras una publicación del mandatario en la red social X, donde replicó la denuncia del periodista José Jorge Otero sobre un supuesto manejo irregular del material electoral en el municipio de Chinú, departamento de Córdoba.
Petro llegó a exigir explicaciones públicas a la dirección de la Policía Nacional, sugiriendo un descuido en la protección de los sufragios. Sin embargo, la Registraduría aclaró que el cargamento estuvo custodiado en todo momento por la Fuerza Pública y que el retraso reportado se debió a una congestión vehicular de apenas tres minutos, durante la cual el comunicador profirió improperios contra los uniformados, siendo sancionado por las autoridades.
Trazabilidad y seguridad de los kits electorales
El organismo electoral enfatizó que todo el material llegó a la sede municipal en perfectas condiciones de sellado. Asimismo, recordó a la opinión pública que cada kit de votación dispone de un avanzado sistema tecnológico que permite el monitoreo georreferenciado en tiempo real, garantizando la trazabilidad absoluta de las urnas y las tarjetas electorales desde su despacho hasta los centros de votación.
Cuestionamientos de fraude y recomendaciones presidenciales
Pese a las aclaraciones técnicas, el presidente Petro insistió en que el cuidado del voto ciudadano requiere verificar que las urnas permanezcan completamente vacías antes de la apertura de las mesas, e instó a los electores a portar su propio bolígrafo el día de la jornada. Esta postura se suma a la retórica sostenida por el mandatario durante los últimos meses, en la que ha sembrado dudas sobre la confiabilidad del software de escrutinio y la transmisión de datos, reclamando una vigilancia masiva ante un presunto escenario de fraude.
Apertura de investigación penal en el Congreso
La controversia escaló al plano judicial este mismo martes, al confirmarse que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación penal de oficio en contra de Gustavo Petro. De acuerdo con el documento suscrito por la presidenta de dicha célula legislativa, Gloria Elena Arizabaleta, el proceso se fundamenta en las recurrentes declaraciones y publicaciones digitales del mandatario, las cuales configurarían una presunta intervención ilegal en política en pleno desarrollo de la campaña presidencial.
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