La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó en su informe anual que el año 2025 representó la consolidación de un «régimen dictatorial» en Venezuela. El organismo argumentó que la permanencia de Nicolás Maduro en el poder careció de legitimidad democrática, fundamentándose en un proceso electoral plagado de denuncias de fraude y graves violaciones a los derechos fundamentales.
Ruptura del orden constitucional y opacidad electoral
Para la CIDH, la investidura de Maduro en enero de 2025 marcó un punto de quiebre histórico. El informe señala que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo proclamó ganador sin publicar las actas de votación, incumpliendo su propio cronograma. La Comisión calificó este evento como un «proceso electoral disimulado» diseñado para proyectar una falsa apariencia de democracia ante la comunidad internacional.
Represión y falta de justicia
El documento denuncia que el Poder Judicial y la Fiscalía actuaron de forma cómplice al no investigar los crímenes ocurridos tras los comicios de 2024. El balance de la crisis política incluye:
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28 asesinatos y 195 heridos documentados.
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2.229 detenciones, entre las que destacan 158 adolescentes.
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Uso de extranjeros como canje: Se intensificó el arresto de personas de nacionalidad extranjera o doble nacionalidad para ser utilizadas como piezas de negociación política.
Instituciones cooptadas y falta de transparencia
La CIDH reconoció la extrema dificultad para acceder a datos verificables debido a la opacidad informativa del Estado. Según el reporte, la información oficial es escasa y responde a fines de propaganda estatal más que a una rendición de cuentas real. Esta cooptación de los poderes públicos ha derivado en la desaparición del Estado de derecho y la protección de los ciudadanos.
Exigencia de una sucesión constitucional
El organismo instó a Venezuela a adoptar medidas urgentes para retornar a la democracia y garantizar una sucesión constitucional pacífica. Este llamado reconoce la voluntad expresada por los venezolanos en las urnas, donde la coalición opositora sostiene que Edmundo González Urrutia fue el verdadero ganador.
Aunque el informe fue enviado al actual Gobierno encargado de Delcy Rodríguez —quien asumió el mando tras la captura de Maduro—, la administración no presentó observaciones al documento.
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