La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado al Estado ecuatoriano tres meses para que se pronuncie sobre las causas por las que el expresidente Abdalá Bucaram fue destituido del cargo por el entonces Congreso Nacional (Parlamento) en febrero de 1997.
El pedido se realiza en el marco de una demanda interpuesta en 2015 por Bucaram ante la CIDH, en la que pide que se declare responsable al Estado por la violación a sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la integridad personal, entre otros, al haber sido destituido de la Presidencia por una supuesta «incapacidad mental» y sin un juicio político que le permitiera ejercer su derecho a la defensa.
La solicitud de información fue notificada el pasado lunes al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y en su respuesta el Estado deberá explicar si el proceso fue legal y señalar si acepta los hechos denunciados por Bucaram o si los rechaza, según explicó este miércoles a EFE el abogado del expresidente, Jorge Sosa.
Juicio civil
El jurista señaló que en 2018 ya tuvieron una audiencia ante la CIDH, pero no fue hasta 2020 que les notificaron que el caso había sido admitido a trámite. Sin embargo, desde la Comisión les dijeron que no habían podido aún notificar al Estado porque faltaban varios documentos de la denuncia que habían sido presentados físicamente y las oficinas del organismo permanecían cerradas en medio de la pandemia de la covid-19.
En su demanda, Bucaram explica que fue declarado incapaz mental para ejercer la Presidencia de la República sin el «juicio civil que contempla la ley, ni participación de un cuerpo médico psiquiátrico que lo constatara».
«Sencillamente, los 44 diputados que me destituyeron se convirtieron en psiquiatras», alegó en 2015 el exmandatario.
La demanda añade que los parlamentarios decidieron inhabilitar a Bucaram penalmente convirtiéndolo «sin fundamento alguno en un delincuente y montando un tinglado escénico que difundiera ante la faz del mundo la falsa imagen de un malhechor», en referencia a los casos de supuesta corrupción que se abrieron en su contra, lo que lo llevó a exiliarse por dos décadas en Panamá.
Violación continúa
El exjefe de Estado regresó a Ecuador en 2017, cuando prescribieron los delitos por los que era requerido por la Justicia ecuatoriana.
Aunque los hechos ocurrieron en 1997, Sosa señaló que ellos presentaron la demanda por una «violación continua» de los derechos del exmandatario, ya que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de reparación.
Luego de que el Estado entregue la información, la Comisión deberá elaborar dos informes, uno de admisibilidad y otro de fondo, aunque Sosa señaló que la CIDH les había dicho que, como parte de las medidas para reducir el atraso procesal que ha tenido el caso, puede que solo presenten uno.
El expresidente ha pedido una compensación económica y otras reparaciones como disculpas públicas, que el Estado se haga cargo de la salud de él y de su círculo familiar (sus hijos y su esposa) y que se inicien investigaciones contra quienes «originaron las violaciones».
Actualmente, el exmandatario enfrenta un juicio por el delito de delincuencia organizada, en el que está vinculado también uno de sus hijos y otras dos personas, por la supuesta venta irregular de insumos médicos y pruebas para detectar la covid-19 durante 2020.
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