Los cinco detenidos en el caso de corrupción que ha hecho caer al primer ministro de Portugal, António Costa, comienzan a declarar este jueves ante un tribunal y algunos de ellos son figuras muy próximas al jefe de Gobierno dimisionario.
Desde el padrino de boda de Costa a su jefe del Gabinete, estos son los sospechosos que la Fiscalía de Portugal ordenó arrestar el martes por su presunta implicación en corrupción, tráfico de influencias y prevaricación relacionada con negocios de litio e hidrógeno en el país luso.
Vítor Escária: el asesor en la sombra de Costa
La prensa portuguesa describe a Vítor Escária como el hombre clave en el Gobierno de Costa, tan discreto como poderoso.
Con 51 años, llevaba en círculos del poder desde 2005, ya que fue asesor del Ejecutivo del ex primer ministro socialista José Sócrates (2005-2011) y volvió a serlo para Costa.
Durante este tiempo, Escária ha estado envuelto en escándalos: de ser investigado en la Operación Marqués, iniciada en 2014 y que llevó a cabo pesquisas sobre más de 23 millones de euros reunidos por un amigo de Sócrates, hasta el llamado «GalpGate», y ahora la bautizada como «Operación Influencer».
En la primera causa, Escária se vio implicado en las indagaciones sobre un contrato para la construcción de viviendas en Venezuela. Por el «GalpGate», se vio obligado a dimitir en 2017 del cargo de asesor del entonces Gobierno de Costa tras un viaje a París con su esposa y aceptar entradas para ver la Eurocopa por parte de la energética Galp.
En 2018 entró a trabajar como consultor externo para el Estado y ha sido el brazo derecho de Costa en negociaciones europeas.
Ahora está detenido por las sospechas de corrupción contra él relacionadas con una mina de litio en Montalegre y una central de hidrógeno en Sines.
Diogo Lacerda Machado: el solucionador de problemas que ha creado uno gordo
Siempre que Costa tenía un problema que resolver recurría a Diogo Lacerda Machado, un amigo de la facultad de Derecho y su padrino de boda.
Es otra figura que se ha movido siempre en el entorno del poder: fue secretario de Estado a las órdenes de Costa cuando el ahora primer ministro dimisionario era titular de Justicia en el Gobierno de António Guterres (1995-2002).
Y, más recientemente, como administrador no ejecutivo de la aerolínea nacional TAP, ha negociado la renacionalización de la empresa, que dio al Estado el 51 % de su control.
De acuerdo con escritos judiciales publicados por Jornal de Negócios, los inversores de la empresa Start Campus, investigada en el caso de corrupción que ha salpicado a Costa, contrataron a Lacerda Machado para «aprovechar su relación de amistad próxima con el primer ministro» y su cercanía con Escária.
Según esos documentos, Lacerda Machado hizo uso de su proximidad con otros miembros del Ejecutivo para acelerar asuntos relacionados con Start Campus, que iba a desarrollar un macroproyecto para la construcción de un centro de datos en Sines, blanco de las investigaciones de la Fiscalía.
Nuno Mascarenhas: el alcalde corrupto
El alcalde de la localidad portuaria de Sines fue arrestado el martes por su presunta involucración, aunque, como recuerda el periódico luso Público, ya fue condenado el verano pasado por el Tribunal de Cuentas en un proceso relacionado con el nombramiento ilegal de cinco responsables en el Ayuntamiento.
La cadena CNN Portugal aseguró, de acuerdo a escritos de la fiscalía, que Mascarenhas supuestamente pidió un trato de favor para Start Campus, a cambio de que esta sociedad patrocinara con 5.000 euros el Festival de Músicas del Mundo de Sines, apoyara a los juveniles del equipo de fútbol Vasco da Dama de Sines y proyectos sociales de la Alcaldía.
Afonso Salema y Rui Oliveira: los administradores de una oscura sociedad
Al no ocupar cargos políticos, Salema y Oliveira sean quizás de quienes menos se sepa de los cinco detenidos.
Salema es el director ejecutivo de Start Campus, la compañía responsable del desarrollo del proyecto Sines 4.0, que tenía como objetivo «crear uno de los mayores centros de datos» en Sines, en el foco de las investigaciones por corrupción.
En la página web de Start Campus se indica que antes de trabajar en esta empresa pasó 15 años en bancos de inversiones en Londres, Nueva York y Madrid en proyectos relacionados con las energías renovables e infraestructuras, además de trabajar brevemente para la eléctrica lusa EDP entre 2009 y 2011.
Oliveira, por su parte, es un abogado y administrador de Start Campus. En el pasado estuvo un tiempo trabajando para Galp, donde fue responsable de asuntos jurídicos y gobernanza.
Este letrado también se vio implicado en el caso «GalpGate», un proceso que fue suspendido en 2020 por orden de un juez a cambio de que los sospechosos pagaran multas para no ir a juicio. El medio ECO asegura que Oliveira abonó en aquel entonces 5.000 euros.
Ese medio apunta que la Fiscalía considera que Salema, Oliveira y Lacerda Machado «tuvieron contactos con gran frecuencia» con el secretario de Estado de Energía hasta enero de 2022 y actual ministro de Infraestructuras, João Galamba, que está «arguido» (sospechoso formal), para lograr su favor y el de otros responsables en materias relacionadas por Start Campus.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
