Redacción SoyNP
Ciudad Guayana.-Grupos armados son los que imponen las reglas en la zona comercial de San Félix. Los “colectivos”, delincuentes de diferentes barrios de Ciudad Guayana, cobran hasta por aparcar un vehículo en calles cercanas al mercado municipal, exigen el pago de 500 bolívares.
El temor que sienten vendedores ambulantes, buhoneros y adjudicatarios no les permite denunciar a los criminales que aparentan estar por encima de los funcionarios policiales.
A pesar que en muelle de la chalana está un comando de la Guardia Nacional y otro de la Policía Nacional, pareciera que su presencia no es obstáculo para que dichos delincuentes obliguen a visitantes a pagar por estacionar su carro.
No es una colaboración, tampoco lo que la gente pueda, es una imposición. El colectivo se acerca al vehículo y te dice que son 500 bolívares por estacionar, además, con un tono amenazante exclama que menos nada.
También pasa en el interior del mercado municipal. Todos los adjudicatarios, tanto los que hacen vida adentro como los que se encuentran afuera deben cancelar la vacuna.
Cómplices del hampa
En lo que va de este año, locatarios han sufrido el robo de sus negocios en el interior del mercado municipal, más de 40 locales robados, otros quemados por “Las Langostas” que actúan de manera impune en el área, cuando se niega a cancelar la vacuna.
La presencia de colectivos, es algo notorio. Altos jefes de los cuerpos policiales conocen de sus andanzas y triquiñuelas, saben nombres y apellidos de los cabecillas de estas peligrosas bandas, sin embargo, se hacen de la vista gorda.
Uniformados dejaron de patrullar el mercado municipal de San Félix, igual pasa en el mercado Chirica; en el mercado campesino de la UD 145. Luego de las 12:00 de la tarde, llegan los ladrones en sus vehículos, escoltados por otros a recoger el efectivo recaudado por miembros de criminales.
El cobro de vacuna es de conocimiento del alcalde Tito Oviedo, también del gobernador del estado Bolívar, jefe de seguridad ciudadana del ejecutivo regional, altos funcionarios de la Policía del estado Bolívar, directivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, igualmente de las autoridades de la Guardia Nacional.
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