El Gobierno colombiano desplegó este miércoles a más de 1.100 integrantes de la fuerza pública en Santa Marta y el vecino municipio de Ciénaga, tras la ola de violencia desatada por el grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Tras encabezar un consejo de seguridad extraordinario con autoridades locales y nacionales, el Ejecutivo confirmó que el dispositivo está integrado por más de 500 soldados y 600 policías.
«Nuestra fuerza pública tiene controlado el orden público y la seguridad, tanto en Santa Marta como en Ciénaga y, por supuesto, en la Troncal del Caribe», aseguraron las autoridades sobre la principal arteria vial del norte del país. El plan de contingencia del Ministerio de Defensa abarca la intervención de unidades de Fuerzas Especiales, vigilancia fluvial y sobrevuelos continuos de la Fuerza Aérea Colombiana en la capital del Magdalena y sus vías periféricas.
Urgencia tras ataques y amenazas a cabecillas
Las acciones de fuerza responden a la escalada violenta iniciada por las ACSN como represalia por la muerte de su segundo cabecilla, alias ‘Cholo’, abatido durante un operativo oficial. Debido a las agresiones registradas contra comercios y vehículos, la ciudad amaneció con una actividad reducida en varios sectores, marcada por el cierre temporal de locales y poca afluencia de personas en las calles.
A través de sus canales oficiales, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, envió un mensaje de tranquilidad a la población y enfatizó que el Estado perseguirá a los responsables de sembrar zozobra en la región. El mandatario lanzó una advertencia directa a los líderes de la estructura criminal: «Tengan la certeza de que dentro de poco vamos a dar con los causantes de toda esta estrategia de terror. Alias Pinocho, alias Patilizo, alias Flash o Comando y alias Jacob o Comando 45, narcoterroristas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: voy por ustedes».
Traslado masivo de carcelarios a pabellones de máxima seguridad
Como parte de la estrategia para desarticular la operatividad de la organización, el Gobierno ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) el traslado inmediato de unos 76 privados de la libertad vinculados a las ACSN. Estos reclusos, que permanecían en penales de los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico, serán reubicados en pabellones de máxima seguridad en otras regiones del país.
El objetivo de esta reubicación es evitar que los prisioneros continúen coordinando actividades delictivas tras las rejas. «¡No permitiré que quienes delinquen en estos departamentos permanezcan recluidos allí y sigan ordenando desde las cárceles revueltas, extorsiones y asesinatos!», enfatizó el jefe de Estado al justificar la medida extraordinaria.
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