Un ciudadano colombiano fue acusado este viernes ante un tribunal de Australia de someter supuestamente a un grupo de venezolanos a un "trato cruel, inhumano y degradante" obligándolos a realizar tareas de servidumbre para pagar deudas, según confirmaron fuentes policiales. EFE/ Policía Federal Australiana //SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

A un ciudadano colombiano lo acusaron ante un tribunal de Australia de someter a un grupo de venezolanos a un «trato cruel, inhumano y degradante» obligándolos a realizar tareas de servidumbre para pagar deudas, según confirmaron fuentes policiales.

El hombre, de 38 años, compareció ante el Tribunal de Magistrados de la sureña ciudad de Adelaida por sendos delitos de servidumbre por deudas agravado y servidumbre, que se castigan con penas de cárcel de hasta siete y veinte años, respectivamente, de acuerdo al comunicado de la Policía Federal Australiana.

El acusado tenía vínculos con unos jóvenes venezolanos, cuyo número no precisaron y que había ayudado en Venezuela para que migraran a Australia en 2015, así como otras persona de esta misma nacionalidad que llegó al año siguiente al país oceánico.

Según la Policía, tras la llegada de estos venezolanos a Australia, el acusado les quitó sus pasaportes y los sometió a un control estricto de sus movimientos, les restringió sus actividades diarias y les obligó a hacer diversas tareas.

El colombiano también controló los ingresos de los venezolanos y les impuso el pago de deudas «de forma injustificada», al tiempo que los aisló de sus familias y amigos restringiéndoles las comunicaciones.

Investigaciones

Las investigaciones policiales del caso, que comenzaron a principios de año, revelaron que este colombiano encerró algunos miembros del grupo dentro de la casa o en los armarios por varios días.

La detective superintendente de la Policía Federal Australiana, Melinda Adam, dijo que «los delincuentes suelen beneficiarse o aprovecharse de las personas vulnerables que no pueden o no quieren denunciar las condiciones de explotación por miedo a las represalias, al aislamiento social y a la dependencia económica».

En este sentido, «las víctimas se ven considerablemente privadas de libertad personal en todos los aspectos de su vida, y a menudo se utilizan contra ellas amenazas, coacción o engaño», puntualizó Adam en el comunicado.

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