Santiago de Chile.- El «conflicto mapuche» en el sur de Chile es uno de los nudos más complejos que deberá enfrentar quien gane las próximas elecciones presidenciales, un desafío que asumirá en medio de una enconada crisis y un espiral de violencia en territorios indígenas.
El pueblo mapuche es la etnia indígena más numerosa de Chile y reclama «tierras ancestrales» que fueron ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales, propiedad de los grupos económicos más poderosos del Cono Sur.
Actualmente, con más de 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas desplegados en la zona desde octubre para sumarse a las labores policiales, el conflicto se ha intensificado y ha llegado a un punto en el que, según expertos, requiere de una solución política urgente que evite la represión.
Por ahora, una salida viable y duradera parece ser el proceso constituyente en marcha, cuya Convención incorporó escaños indígenas y se declaró plurinacional.
Pero, según afirmaron académicos a Efe, será necesario que el nuevo Gobierno que se instalé en La Moneda -sede presidencial- acompañe el camino hacia la plurinacionalidad y garantice instancias de diálogo en un asunto que, aunque no define las elecciones, ha adquirido transversalidad e innegable relevancia.
«ES MOMENTO DE ATACAR LAS CAUSAS DEL PROBLEMA»
En el marco del conflicto, varias zonas del sur del país han experimentado una ola de violencia, con ataques a maquinaria agrícola y predios, cortes de carreteras, huelgas de hambre de presos indígenas y tiroteos con víctimas mortales.
Y, desde el homicidio del joven mapuche Camilo Catrillanca en 2018 a manos de Carabineros (Policía militarizada), con los montajes policiales denominados «Operación Huracán» como antecedente inmediato, la confianza entre comunidades e instituciones se quebró.
Salvador Millaleo, académico mapuche y doctor en Sociología de la Universidad de Bielefeld (Alemania), ratifica a Efe que el conflicto está en un punto «crítico», en el que se precisa «atacar las causas del problema con una estrategia política, que no es la militarización ni la criminalización, sino un diálogo real».
Las condiciones para dicho diálogo, explicó Millaleo, se basan, precisamente, en «propuestas que den señales y espacios de confianza, fortaleciendo la línea de plurinacionalidad».
Y es que en la diversidad del movimiento mapuche existe un debate sobre cómo lograr la autonomía territorial: unos, representados en la Convención Constitucional, abogan por definir el carácter del Estado chileno como plurinacional, dando un reconocimiento negado por más de 200 años a los pueblos originarios que habitaban el territorio hace siglos.
Otros apuestan por una «lucha por la liberación nacional», entre ellos la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una de las organizaciones fundamentales para la movilización mapuche desde los años noventa y que ha reivindicado multitud de ataques violentos en la zona.
Si bien el vocero e ideólogo de la CAM, Héctor Llaitul, ha reiterado su disposición al diálogo, otras organizaciones más radicales lo han rechazado.
«Hay grupos que no van a tener disposición a entenderse ahora y probablemente nunca. Llaitul ha dicho que está dispuesto al diálogo, pero otros grupos no se han pronunciado sobre eso. Todo debe ser abordado política y estratégicamente», enfatizó Millaleo.
ACOMPAÑAR LA CONSTITUYENTE
Para dialogar hay que dar garantías, señaló a Efe Verónica Figueroa Huencho, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, poniendo el acento en la necesidad de desmilitarizar el territorio mapuche, llamado «Wallmapu».
A juicio de Figueroa, también mapuche, el espacio constituyente «se transforma en una garantía de reconocimiento», pero no implica un diálogo «automático» si no se produce un acompañamiento de parte de las autoridades.
«Al nuevo Gobierno le va a tocar hacer una especie de instalación de cómo se van a ir haciendo los ajustes necesarios en los tres poderes. Cómo se avanza en autonomía territorial, espacios para que podamos decidir sobre asuntos propios, participar activamente en la vida del Estado», señaló la también posdoctorada en la Universidad de Stanford.
La próxima Constitución, insiste Figueroa, va a marcar un estándar muy lejano a la realidad institucional actual en términos de pueblos indígenas, dando pie a una «cultura plurinacional» que debe ser impulsada también desde el Ejecutivo.
«Eso va a tomar tiempo porque hay una desconfianza estructural en el Estado», agregó la experta.
EL MOMENTO DE LA VÍA POLÍTICA
Fernando Pairican, historiador de la Universidad de Santiago (USACH) y estudioso del movimiento mapuche, coincide en que el proceso constituyente permite «crear una fuerza política autonomista a través de potenciar la vía electoral y generar trabajo y ejercicio político en las comunidades».
Desde ahí, si bien entiende las críticas de las organizaciones como la CAM que rechazan el espacio, vislumbra la forja de una «fuerza gradualista que va a ocupar los marcos de la institucionalidad para mover el cerco del colonialismo».
«Este momento es de apertura democrática (…) Posiblemente en otra (oportunidad) será una vez más la lucha radical, que fue la que abrió este camino durante la década de los 90, pero ese momento también tiene que ser complementado con una vía política porque ningún proceso histórico ha demostrado que sea factible solo la insurrección», agregó Pairican.
EFE
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
