La ONG Control Ciudadano afirmó que el Gobierno nacional ejerce «políticas» para intentar desacreditar la función de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, tras denunciar «diversas irregularidades y violaciones del debido proceso» que ponen «en duda» la «imparcialidad y objetividad» del organismo.
«El comunicado claramente indica que el Gobierno de Venezuela ejercerá todas las acciones procesales, pero también políticas para intentar desacreditar la función de la Fiscalía de la CPI en el caso Venezuela I», señaló la organización.
Denuncia por parte del Gobierno
El Gobierno presentó ante la corte un documento en el que denuncia «diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas por la Fiscalía de la CPI»
En la misma, incluyen la indefensión a la que ha sido sometido el Estado durante todo el trámite, así como los vínculos probados» de dicha instancia con ONG que «han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto.
El escrito, según un comunicado oficial, «desmiente todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido».
A juicio de la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, con este tipo de comunicados «no se fortalece el criterio de la voluntad y capacidad de las autoridades venezolanas de ejercer jurisdicción y conducir procedimientos genuinos a nivel interno para juzgar crímenes de lesa humanidad que se hayan cometido en el país, como se había comprometido inicialmente el Estado venezolano».
«Por el contrario, este tipo de escritos, lo que ponen en evidencia es que la CPI tendrá que ejercer jurisdicción sobre los casos sometidos a su examen, dado que el Estado venezolano parte de la negación de que estos han ocurrido», añadió.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, pidió al tribunal, el pasado noviembre, autorización para seguir adelante con la investigación, que comenzó en 2021 después de que en el examen preliminar, abierto en febrero de 2018, se detectaran indicios de que se habrían podido cometer crímenes y violaciones de los derechos humanos.
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