La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dejó inaugurado este lunes en el Palacio Legislativo de Montevideo su 195° período ordinario de sesiones, un ciclo en el que se llevarán a cabo audiencias públicas para evaluar demandas interpuestas contra los Estados de Chile, Perú y Venezuela.
Las actividades jurisdiccionales se extenderán durante toda la semana laboral, abarcando los casos Navarro López y otros vs. Venezuela, Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno y sus miembros vs. Chile y Pueblos Indígenas Mashco Piro, Yora y Amahuaca vs. Perú. Asimismo, el tribunal sostendrá audiencias privadas y públicas para supervisar el cumplimiento de sentencias previas dictadas contra el Estado uruguayo.
Efectividad de las sentencias y control de convencionalidad
Durante la ceremonia de apertura, el presidente de la Corte IDH, el jurista brasileño Rodrigo Mudrovitsch, destacó que la eficacia de la institución se mide por el impacto transformador de sus fallos en la región.
«Las decisiones están siendo cumplidas, los Estados están aprobando y derogando leyes para adecuar su derecho interno a la Convención, los tribunales han incorporado los estándares interamericanos a su cultura decisoria y el control de convencionalidad se ha convertido, 20 años después, en una realidad», aseveró Mudrovitsch. El magistrado agregó que las administraciones públicas del continente han adecuado sus políticas e instituciones para asegurar la reparación integral de las víctimas y prevenir la repetición de violaciones a los derechos fundamentales.
Fortalecimiento democrático y descentralización judicial
Por su parte, la vicecanciller uruguaya, Valeria Csukasi, enfatizó que la solidez del sistema interamericano depende de la existencia de Estados democráticos, poderes judiciales independientes y sociedades libres.
Csukasi valoró de forma positiva la decisión del tribunal de sesionar fuera de su sede habitual en San José de Costa Rica, señalando que representa una oportunidad clave para aproximar la jurisprudencia regional a las instituciones nacionales y abrir espacios de diálogo académico y social en Uruguay.
Supervisión de sentencias históricas en Uruguay
En relación con los casos vinculados al país anfitrión, la Corte IDH revisará la ejecución de la sentencia dictada por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyen y la supresión de identidad de su hija, María Macarena Gelman, así como los daños a la integridad familiar de Juan Gelman.
El segundo expediente en etapa de seguimiento aborda la responsabilidad estatal por las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino Asteazu, junto con las violaciones cometidas contra sus respectivos núcleos familiares.
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