Monitor DESCA presentó el último boletín de 2024 correspondiente al trimestre octubre, noviembre y diciembre en el que se incluyó un análisis sobre la situación económica de los docentes venezolanos, la cancelación de la gira de la banda Rawayana así como otra decenas de conciertos agrava el acceso a los derechos culturales.
También el informe plantea el precio de preparar hallacas, por último, se presenta una cifra de las documentaciones a vulneraciones de estos derechos hasta el 17 de diciembre.
Derechos Culturales: cancelación de la gira de Rawayana
La reciente cancelación del concierto de la banda venezolana Rawayana y su gira «¿Quién trae las cornetas? 2024» desató un intenso debate sobre los derechos culturales y la libertad de expresión en Venezuela.
El vocalista de la banda, Alberto «Beto» Montenegro, mencionó a Billboard España que no podía hacer declaraciones debido a «temas de seguridad y protección a nuestros aliados», tras la anulación de sus conciertos programados para diciembre.
Gobierno nacional se pronunció en contra de Rawayana, catalogando su canción «Veneka» como «insultante» y «despreciativa». Maduro defendió la identidad de las mujeres venezolanas, sugiriendo que el título de la canción menosprecia su dignidad y valores.
El descontento de los seguidores de la banda en redes sociales ha crecido, con especulaciones de que la cancelación se debe a presiones gubernamentales en respuesta al apoyo de Rawayana a la oposición en el marco de las elecciones presidenciales de 2024.
Los fans han exigido el respeto a su libertad de disfrutar la música que elijan y criticaron la situación.
Expertos en derechos culturales señalan que esta cancelación marca un retroceso significativo para la música y el arte en Venezuela, enviando un mensaje desalentador a otros artistas, tanto nacionales como internacionales, que aspiren a presentarse en el país.
Este fenómeno no es aislado; otros artistas que han manifestado su apoyo a la oposición, como María Corina Machado, se han enfrentado a restricciones similares, evidenciando una tendencia de represión hacia aquellos que critican al gobierno.
La situación pone en relieve la compleja relación entre el arte, la política y los derechos culturales en Venezuela, dejando planteadas preguntas sobre la libertad de expresión y el futuro del panorama artístico en el país.
Crisis salarial y educativa: Llamado urgente a la acción
En el contexto de la temporada navideña, la atención de los venezolanos se centra en la difícil situación económica que enfrenta el país, especialmente en lo que respecta a los salarios, los cuales apenas cubren las necesidades básicas de las familias.
Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, el salario promedio en el ámbito nacional se sitúa en tan solo 110 dólares, mientras que el salario mínimo es de 130 bolívares, equivalentes a 3,5.
La situación se agrava en el sector educativo, donde se estima una deserción docente del 40 %, lo que ha llevado a las instituciones a contratar personal no especializado para cubrir las aulas.
Esta falta de profesionales en la enseñanza compromete la calidad educativa, un derecho fundamental para los niños, niñas y adolescentes del país.
Adicionalmente, un 51,95 % de los docentes encuestados reporta tener trabajos alternativos para subsistir, y un alarmante 42,72 % se ve obligado a trasladarse a pie a sus lugares de trabajo.
Servicios básicos
Las deficiencias en servicios básicos como el suministro de agua también impactan negativamente en la asistencia de los docentes, con un 62,5 % faltando por esta razón.
La Universidad Católica Andrés Bello estima que se requieren aproximadamente 250 mil docentes para cubrir las necesidades de educación inicial, primaria y secundaria en el país.
Sobre las documentaciones a los DESCA, el informe arrojó al menos 1719 vulneraciones en el último trimestre de 2024.
Además, durante las dos primeras semanas de diciembre, la demanda por gas doméstico aumentó considerablemente, debido a la poca distribución que se reporta producto también de la explosión que se registró en la planta de producción de Punta de Mata, estado Monagas.
En octubre, Monitor DESCA documentó 739 vulneraciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Durante este mes, los derechos sociales -que comprenden salud, educación, alimentación, servicios públicos y de calidad, entre otros- fueron los más vulnerados.
Por su parte, en noviembre, se registraron 813 violaciones a los DESCA. Destacando, en este mes, nuevamente los derechos sociales (401) y los socioeconómicos (346) como los más vulnerados.
Hasta el 15 de diciembre, se habían documentado 217 vulneraciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Al igual que en los meses anteriores, los derechos sociales son los más vulnerados.
Deficiencia eléctrica
En cuanto a servicios públicos, la mayor demanda la registra el servicio de electricidad.
Destaca el estado Nueva Esparta, durante el mes de noviembre, estuvo más de dos semanas sin servicio eléctrico continúo debido a la explosión que se registró en Monagas y que dejó a la entidad insular sin suministro eléctrico.
Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) son pilares fundamentales para garantizar el bienestar y desarrollo integral de todas las personas. Sin embargo, en Venezuela, la situación de estos derechos ha alcanzado niveles críticos en los últimos años, en el marco de una profunda crisis humanitaria.
Factores como la inflación descontrolada, la reducción drástica de salarios, y la escasez de medicinas en centros de salud pública han impactado seriamente la calidad de vida de la población.
Estos problemas se complican aún más con el deterioro de los servicios públicos y la crisis educativa, afectando particularmente a grupos vulnerables como niños, mujeres y adultos mayores.
La explotación de los recursos naturales y la falta de una adecuada protección ambiental han contribuido a un deterioro significativo del entorno, generando consecuencias graves e innumerables para la salud del planeta y de sus habitantes.
Desafío humanitario en Venezuela
Al cierre de 2024, la situación de los DESCA en Venezuela se presenta como un desafío humanitario de considerable magnitud.
La ciudadanía sigue enfrentando serias dificultades para satisfacer sus necesidades básicas y el ejercicio de sus derechos fundamentales permanece limitado.
En este contexto, el papel de los defensores de derechos humanos y de la sociedad civil se vuelve cada vez más crucial.
Su labor se ha tornado esencial en la exigencia al Estado para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como para promover una mejora en la situación actual que afecta a millones de venezolanos.
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