Fotografía de archivo que muestra a votantes que participan en los comicios locales de los delegados (concejales) de barrio en un colegio electoral de La Habana (Cuba). EFE/ Yander Zamora

La Habana.- Cuba celebrará el próximo domingo elecciones para renovar su máximo órgano legislativo, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), un proceso tan reivindicado por el Gobierno como criticado por la disidencia y sobre el que planea la sombra de la abstención.

Estos comicios, en los que están llamados a participar más de 8 millones de cubanos, suponen un paso clave en la renovación institucional del país que comenzó con las elecciones locales de noviembre pasado.

El proceso culminará cuando la ANPP, en una de sus primeras decisiones, designe al nuevo presidente del país, puesto que se prevé que ocupe en un segundo mandato Miguel Díaz-Canel, líder del Partido Comunista de Cuba (PCC), el único partido legal en la isla.

Las elecciones, sin embargo, suscitan dudas a analistas internacionales y críticas entre activistas y opositores; mientras que el PCC, las instituciones del Estado y los medios oficiales las defienden como «genuinas».

El debate arranca por la propia relevancia del Legislativo, copado por miembros del PCC y sus juventudes (más del 96,5 % en la actual cámara) y que en la mayoría de los casos aprueba por unanimidad las iniciativas legislativas que le traslada el Gobierno.

CANDIDATOS

El elemento más controvertido son las candidaturas: 470 personas -para 470 puestos-, casi todos del PCC u organizaciones afines.

Los abanderados son propuestos por las llamadas organizaciones de masas -colectivos paraestatales en la órbita del partido- y aprobados por las Asambleas Municipales del Poder Popular, compuestas mayoritariamente por militantes comunistas.

Esto lleva a que expertos, opositores y juristas duden que el proceso pueda denominarse elección. Hay quienes lo equiparan con un referendo -o incluso un plebiscito- en el que el Gobierno presenta a los ciudadanos una propuesta cerrada.

El jurista y politólogo cubano Raudiel Peña las califica, en entrevista con EFE, de «elecciones plebiscitarias», por tener el mismo número de candidatos que puestos, no haber competencia, contar con un partido único y depender de un sistema de selección controlado.

Por su parte, Leonardo Martínez, juez cubano en excedencia por ejercer actualmente cargos políticos a nivel municipal en La Habana, abogó en una entrevista con EFE por trascender la «comprensión limitada» del término democracia como se practica en los sistemas liberales.

Matizó que ni el PCC ni sus juventudes confeccionan o aprueban la lista de candidatos y argumentó que el partido único es un «andamiaje transversal de la sociedad cubana» con el «papel de encarnar el proyecto» socialista que prevé la Constitución de 2019.

Con respecto a que haya el mismo número de postulantes que de puestos, aseguró que «el candidato compite contra sí mismo» y que «tiene que ganarse la legitimidad del pueblo», en relación al requisito legal de lograr el 50 % de los votos válidos.

En las boletas se puede marcar la «x» en las casillas de todos los candidatos de la circunscripción (la apuesta oficial), solo en algunos nombres o en ninguno. La ley prevé varias fórmulas si alguno no alcanza el mínimo del 50 %.

Otro elemento que suscita dudas es que la campaña electoral está prohibida por ley, pese a que los candidatos han recorrido desde febrero sus circunscripciones, entre ellos Díaz-Canel, que ha acudido a múltiples actos en su distrito de Villa Clara (oeste).

Además, los lemas oficialistas #YoVotoXTodos y #MejorEsPosible aparecen en cuentas institucionales de ministerios como el de Justicia, Exteriores y Economía, así como en los perfiles de la Fiscalía General de la República, de las televisiones públicas y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

LA ABSTENCIÓN

En este contexto, la participación va a ser clave. Tras cifras de abstención por debajo del 10 % entre 1976 y 2013, la tasa se elevó hasta el 14 % en las parlamentarias de 2018. En el referendo del Código de las Familias (septiembre pasado) rozó el 26 % y en las municipales (noviembre) se elevó hasta el 31 %.

Distintas plataformas de activistas y opositores han llamado a través de las redes sociales a no votar, como señal de rechazo al proceso electoral en particular y al sistema político en la isla en general.

Para el opositor Manuel Cuesta Morúa «sería un éxito» para la disidencia «si la abstención superara el 40 %».

Según explicó a EFE, sería un torpedo en la «línea de flotación de la legitimidad» del sistema porque considera que en gran medida se trata de «abstención ideológica», una opción política activa.

A su juicio, una elevada abstención aceleraría la «presión de sectores del Gobierno sin mucho poder» que son «conscientes de la necesidad de hacer reformas», principalmente económicas, además de debilitar la «capacidad punitiva del Estado» y dar a muchos descontentos un «sentimiento de fuerza social».

Peña, que recuerda que la abstención asciende desde 2008, destaca que una baja participación tendría implicaciones en términos de «legitimidad» del sistema y de su «capacidad de movilización».

«La abstención hay que leerla en Cuba de otra forma que en otros sitios, porque aquí no hay alternativas ni competencia», explica.

En su opinión, una abstención como la de las últimas municipales, sería un resultado «favorable» para el Gobierno. Además, considera interesante analizar la evolución del voto nulo y en blanco.

Por su parte, Martínez reconoce que la elección está «entre votar o no» y señala que «en cualquier sistema con poca participación hay problemas de legitimidad».