El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes un nuevo estado de excepción con una vigencia de 60 días en ocho provincias y tres municipios del país. La medida ejecutiva oficializó además la aplicación de un toque de queda nocturno que regirá entre el 17 y el 30 de septiembre en cuatro provincias de la región costera.
La declaratoria abarca las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, así como los municipios Camilo Ponce Enríquez (Azuay), Las Naves (Bolívar) y La Maná (Cotopaxi).
El toque de queda se mantendrá activo en un horario comprendido entre las 00:00 y las 05:00 hora local en las provincias de El Oro, Manabí, Guayas y Los Ríos. Se trata de la tercera restricción de movilidad nocturna decretada en el país en lo que va de año, tras los procedimientos implementados en los meses de marzo y mayo.
Justificación técnica y facultades operativas
El Ejecutivo fundamentó la decisión en la existencia de una «grave conmoción interna» generada por la presencia y expansión de estructuras del crimen organizado. Con la entrada en vigor del decreto, se suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio en los territorios señalados, lo que faculta a los efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas a ejecutar allanamientos inmediatos ante la presunción de hechos punibles.
De acuerdo con el texto oficial, la medida se sustenta en informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Policía Nacional y el estamento militar. Las evaluaciones concluyeron que los grupos armados han diversificado sus fuentes de financiamiento mediante economías ilícitas, incrementando su capacidad de adaptación frente a los operativos policiales ordinarios.
Antecedentes de la crisis de seguridad
Ecuador se mantiene bajo la figura de «conflicto armado interno», decretada por la administración de Noboa en 2024 para catalogar a las bandas delictivas como organizaciones terroristas y combatir sus redes de logística.
A pesar de los continuos despliegues de seguridad y la aplicación de regímenes de excepción anteriores, el año 2025 cerró con un registro histórico de violencia al contabilizar cerca de 9.300 homicidios a nivel nacional, de acuerdo con las cifras publicadas por el Ministerio del Interior.
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