Maestros bolivianos se movilizan contra el ajuste del FMI y la prórroga del estado de excepción

Cientos de docentes se movilizaron este martes en diversas ciudades de Bolivia para protestar contra la ampliación del estado de excepción decretada por la administración del presidente Rodrigo Paz y rechazar los términos del acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), expediente que se encuentra pendiente de debate en el Parlamento.

La dirigencia del gremio educativo convocó a la jornada denominada «marcha de cacerolas vacías» con el fin de manifestar su descontento ante las recientes reformas en materia económica y el deterioro en el poder adquisitivo de las familias. En La Paz, los manifestantes se congregaron en las inmediaciones de la Casa Social del Maestro, en el centro de la ciudad. El despliegue policial resguardó los accesos a la Plaza Murillo, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en el marco del régimen de excepción vigente desde el pasado 20 de junio.

La secretaria ejecutiva de los maestros urbanos de La Paz, Anahí Bozo, señaló que las medidas aplicadas por el Ejecutivo nacional —entre ellas el tipo de cambio flexible y la reducción gradual de los subsidios a los carburantes— impactaron directamente el presupuesto familiar. Asimismo, cuestionó el pacto financiero por 1.900 millones de dólares acordado con el FMI al considerar que condiciona la política fiscal y compromete la estabilidad social.

Cuestionamientos a la política de subsidios y al régimen de excepción

Entre las metas pactadas con el organismo multilateral figura la eliminación del subsidio a los combustibles a partir del año 2027. Dicho esquema inició su aplicación mediante un decreto del 17 de agosto que levantó la subvención al diésel para los grandes productores agropecuarios e industriales.

De igual forma, la dirigencia sindical rechazó la prórroga del estado de excepción emitida el lunes por el Ejecutivo, la cual será sometida este miércoles a consideración del Parlamento para evaluar su extensión por un período adicional de 90 días. A juicio de Bozo, la medida ha sido empleada con fines de contención política contra los reclamos de los trabajadores y organizaciones sociales.

Antecedentes del conflicto social

El régimen de excepción fue decretado originalmente el pasado 20 de junio para desactivar la ola de bloqueos de carreteras promovida durante mayo y junio por la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), con el respaldo de sectores afines al expresidente Evo Morales.

Aquel periodo de conflictividad generó desabastecimiento de alimentos, combustibles y suministros médicos en varias urbes, dejando un saldo de al menos 16 fallecidos y pérdidas estimadas en más de 3.000 millones de dólares. Pese a que el Gobierno alcanzó acuerdos previos con la COB, la nueva convocatoria a protestas motivó al Ejecutivo a solicitar la continuidad del régimen de excepción ante el Poder Legislativo.

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