El equipo de abogados de la expresidenta argentina Cristina Fernández anunció este martes que consignará un nuevo elemento de prueba ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el sistema judicial argentino. La medida busca la revisión y eventual anulación de la sentencia a prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que cumple la exmandataria.
El abogado brasileño Rafael Valim, integrante de la defensa, señaló tras una conferencia de prensa que los nuevos datos recabados permiten cuestionar la solidez del fallo emitido en su contra. De acuerdo con la representación legal, el reciente testimonio de un funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad en un proceso paralelo reveló inconsistencias en los argumentos presentados originalmente por la fiscalía.
El fallo condenatorio sostenía que durante las gestiones de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) se otorgó un trato preferencial en la licitación de obras públicas a las empresas del constructor Lázaro Báez. Sin embargo, la nueva declaración testimonial indicaría que el conglomerado de Báez percibió únicamente el 0,85 % del total de los fondos públicos destinados a proyectos de vialidad en dicho período.
Inconsistencias financieras e inconformidad técnica
El letrado español Javier Borrego, parte del equipo defensor, precisó que las compañías de Báez recibieron 18 millones de dólares sobre un total de 2.200 millones invertidos por el fideicomiso estatal en esa época. A juicio de la representación jurídica, la cifra demuestra la ausencia de bases fácticas para sostener la responsabilidad penal de la exjefa de Estado.
Por su parte, el abogado argentino Alberto Beraldi calificó la sentencia dictada como injusta y ratificó que el objetivo de la defensa es el restablecimiento pleno de la libertad y los derechos políticos de Fernández.
Próximas acciones en la agenda judicial
El equipo integrado por Beraldi, Valim y Borrego formalizará la entrega del expediente con los nuevos elementos probatorios durante la audiencia del Comité de Derechos Humanos de la ONU, programada para el próximo mes de octubre.
De forma paralela, la defensa interpondrá un recurso de queja ante los tribunales argentinos en respuesta a la resolución de la Corte Suprema que ratificó la medida privativa de libertad dictada contra la expresidenta.
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