El Callao.-Una de las comunidad considerada como “zona roja” del municipio El Callao, abrió las puertas al Movimiento Por La Paz y La Vida, cuyo grupo social velará y defenderá los derechos humanos de aquellos ciudadanos atropellados por funcionarios de los cuerpos de seguridad.
Ysaac Campos, coordinador nacional de Paz y Vida, inauguró una oficina con apoyo de vecinos y personas que trabajan la minería en esta zona.
Consideró necesario un despacho en El Perú, por ser un sector hostil y con un número alarmante de víctimas, “casos de violaciones de los derechos humanos”.
Según, “el objetivo del movimiento es clamar por la paz y vida de la gente; también que sus derechos no sean vulnerados”.
Jacsana Campos, supervisora territorial de los derechos humanos del movimiento, dijo que tendrán como responsabilidad de orientar a niños, adolescentes y adultos de la comunidad; “vamos a impulsar la cultura, el deporte y actividades religiosas que permitan rescatar a los jóvenes de las calles”.
Las denuncias serán recibidas por abogados, dependiendo el caso y darles respuestas a las víctimas de atropellos policiales.
Ambos, apuestan a la paz en la comunidad El Perú. El despacho del Movimiento Por La Paz y La Vida, ayudará a bajar la violencia y evitar que sigan muriendo jóvenes de este sector.
Víctimas en cola
Momentos de la puesta en funcionamiento de la oficina del Movimiento Por La Paz y La Vida, aguardaban varias personas atropelladas por efectivos del Comando Rural de la Guardia Nacional.
Yeselis del Carmen Arcia, trabaja en una de las minas de El Perú. “Desde que llegó el Comando Rural de la GNB, atropellan y extorsionan a los pequeños mineros”, acotó.
Uno de sus hijos murió en un supuesto enfrentamiento con los castrenses. Actualmente su hijo de 16 años, fue sacado a las fuerzas de su casa y está privado de libertad en el Instituto Nacional del Menor en San Félix.
“Mi hijo, al que mataron, tenía problemas de conducta, este que se llevaron presos los rurales no es ningún delincuente. Es una persona trabajadora, ellos, lo sembraron para detenerlo”, expresó la mujer.
Fue acusado de terrorismo y tráfico de droga. “Eso ocurrió el día 28 de agosto, después que lo privaron de libertad, lo tuvieron en el comando de la GN, únicamente pudo verlo en dos oportunidades”.
Cuenta que los “rurales” arribaron en horas de la madrugada a su casa y sacaron a los niños y las mujeres desnudas, “nos atropellaron y golpearon sin piedad”.
Arcia, dice que tiene esperanzas que los abusos y violaciones de los derechos humanos se acaben en la comunidad “El Perú”, en donde muchos jóvenes han sido ejecutados por funcionarios de los cuerpos de seguridad.
También, miembros de una cooperativa a quienes el Estado entregó un área para la explotación, denunció que comisión de la GN, llegó y tomó por asalto el molino, luego cargó con más de 70 sacos de material aurífero.
Las víctimas indicaron que los militares sin una orden de allanamiento, tampoco sin dar explicación se llevaron el trabajo de tres días y el sustento de 12 padres de familias.
Asesores del Movimiento Por La Paz y La Vida, atendieron las denuncias y otros casos consignados por habitantes de esta comunidad a más de 15 kilómetros de El Callao.
Níger Martínez
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