La Defensoría del Pueblo de Venezuela anunció su mediación en el Internado Judicial de Barinas (Injuba), ubicado en el oeste del país, con el objetivo de destrabar el conflicto generado tras la protesta de reclusos comunes que denunciaron malos tratos y presuntas agresiones por parte de los custodios.
De acuerdo con un comunicado oficial, una delegación del organismo visitó el recinto penal para constatar el estado físico de los internos y «escuchar sus demandas a fin de encontrar, junto a las instituciones correspondientes, soluciones a sus solicitudes». La Defensoría enfatizó que su intervención responde a sus competencias constitucionales para garantizar los derechos humanos de la población carcelaria y facilitar canales de comunicación con el Estado.
Denuncias de represión y traslados masivos
Las alarmas se encendieron el domingo cuando la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó que los detenidos habían tomado las instalaciones del Injuba para manifestarse contra los abusos de los funcionarios y la prohibición de las visitas familiares en las últimas semanas. El OVP denunció además que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ingresaron al centro disparando y lanzando bombas lacrimógenas, afectando también al anexo femenino.
Según el balance de la organización no gubernamental, la acción militar dejó varios heridos y provocó el posterior traslado de 112 reclusas hacia un destino que aún no ha sido especificado por las autoridades de manera formal.
Respuesta del Estado y antecedentes
Ante la gravedad de los reportes, la ONG Provea exigió la «actuación inmediata» de las instituciones del Estado. En respuesta a la crisis, la Fiscalía General de la República anunció la apertura de una investigación penal para esclarecer los abusos y los hechos de violencia dentro de la infraestructura carcelaria.
Este nuevo foco de conflicto en el Injuba se suma a la reciente inestabilidad del sistema penitenciario venezolano, golpeado apenas el pasado mes de abril por un sangriento motín en el Internado Judicial de Yare, en el estado Miranda, que dejó un saldo de cinco fallecidos y cuyos hechos aún permanecen bajo averiguación judicial.
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