La ONG Foro Penal, organización líder en la defensa legal de prisioneros de conciencia en Venezuela, informó que ha verificado la excarcelación de al menos 39 presos políticos en los últimos días. El balance se produce luego de que el Ejecutivo interino se comprometiera formalmente la semana pasada a otorgar unas 500 liberaciones en todo el territorio nacional.
«Solo hemos verificado la excarcelación de 39 presos políticos desde el 18 de mayo, cuando se anunció la supuesta liberación de 300 y luego de 500 personas. Al menos en lo que respecta a presos políticos, eso no ha ocurrido en esa magnitud», advirtió el director presidente de la ONG, Alfredo Romero, a través de sus redes sociales. La organización detalló que, con base en sus registros actuales, todavía permanecen 429 presos políticos en los centros de reclusión del país.
El origen de las promesas gubernamentales
El anuncio de las medidas humanitarias se dio inicialmente el pasado martes por boca del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien prometió una tanda de 300 libertades de forma paralela a los beneficios de la Ley de Amnistía aprobada en febrero, la cual ha alcanzado a más de 8,500 ciudadanos según las métricas oficiales. Posteriormente, el viernes, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, elevó la proyección asegurando que en las «próximas horas» se consolidarían un total de 500 excarcelaciones.
Perfiles de los ciudadanos liberados
Entre el grupo de personas que recuperaron su libertad destacan tres antiguos funcionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas, quienes cumplían una condena de 30 años de prisión tras los sucesos políticos del año 2002. Asimismo, las medidas favorecieron a una adolescente de 16 años y a Merys Torres de Sequea, madre del capitán Antonio Sequea, este último sentenciado por una fallida incursión marítima militar ocurrida en mayo de 2020.
Otro de los nombres relevantes que abandonó los calabozos es el dirigente opositor Nervins Sarcos, exalcalde del municipio Colón en el estado Zulia. Sarcos permaneció bajo arresto durante 16 meses tras ser señalado por la administración anterior de presuntos vínculos con redes de narcotráfico y mafias locales en la región fronteriza con Colombia.
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