Gobierno interino busca «revitalizar» los DD. HH. mientras Amnistía Internacional pide justicia profunda

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que sostuvo una reunión de trabajo con la defensora del Pueblo, Eglée González, con el objetivo de revisar y reestructurar los proyectos institucionales en materia de derechos humanos. Según la mandataria, las nuevas directrices buscan adaptarse de manera directa al «nuevo momento» político e institucional que atraviesa la nación.

A través de un video difundido en su cuenta de Telegram, Rodríguez calificó los planes de «extraordinarios» y manifestó su plena confianza en que servirán para revitalizar las garantías ciudadanas en el país, asegurando que los derechos humanos constituyen la brújula que rige la actuación del Estado venezolano bajo su administración.

El viraje político tras el cambio de Gobierno

Este acercamiento forma parte de la agenda iniciada en enero pasado, cuando Rodríguez asumió la jefatura del Estado de forma encargada luego de que tropas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro durante una operación militar en Caracas. Desde entonces, el Ejecutivo interino ha impulsado medidas de distensión que incluyen la orden de excarcelación de presos políticos y la aprobación parlamentaria de una ley de amnistía que ha beneficiado a más de 8,500 ciudadanos, la gran mayoría de los cuales se encontraba bajo regímenes de libertad restringida.

Balance de las ONG y el peso de la impunidad

Pese a los recientes avances gubernamentales, organizaciones no gubernamentales recuerdan el severo historial de vulneraciones registrado en el país durante los últimos años, marcado por detenciones por motivos políticos, el cierre del espacio cívico, la censura a la prensa y el deterioro de la calidad de vida.

En esa línea, Amnistía Internacional (AI) advirtió en su informe anual de 2025 sobre la persistencia de una impunidad prácticamente total frente a crímenes de lesa humanidad, alertando además sobre denuncias de desaparición forzada de personas arrestadas entre 2024 y 2025.

Una agenda de cara a la transición venezolana

No obstante las críticas previas, la perspectiva internacional ha comenzado a virar hacia el acompañamiento técnico. La semana pasada, la propia Amnistía Internacional coordinó en el país unas jornadas de derechos humanos junto a diversas ONG locales con miras a edificar una agenda común para la transición.

Durante el evento, Erika Guevara Rosas, directora senior de AI, enfatizó que Venezuela entra en una nueva fase estratégica donde la defensa de los derechos humanos debe vincularse directamente a la búsqueda de justicia. Asimismo, destacó que el actual proceso de transición no debe limitarse únicamente a un cambio político, sino convertirse en una transformación estructural que garantice de forma absoluta la no represión estatal.

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