La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que la Ley de Amnistía —sancionada el pasado 19 de febrero— «llega a su fin». Aunque el texto legal no contempla una fecha de caducidad, la mandataria dio por concluido el proceso central de este mecanismo, el cual surgió como respuesta a la crisis política agudizada tras la operación militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero, donde fueron capturados Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Según datos proporcionados por la comisión parlamentaria liderada por el diputado Jorge Arreaza, hasta la fecha se han amnistiado un total de 8.616 personas. De este grupo, solo 314 se encontraban efectivamente tras las rejas, mientras que el resto gozaba de diversas medidas cautelares.
Las autoridades procesaron más de 12.000 solicitudes válidas, aunque hasta ahora no se ha publicado un listado oficial con las identidades de los favorecidos, una exigencia recurrente del Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk.
Casos excluidos y programas alternos
Rodríguez aclaró que los expedientes que quedaron fuera de la ley por delitos de corrupción, homicidio, violaciones de derechos humanos o vinculaciones militares no quedarán en el limbo. Según la mandataria, estos serán atendidos a través del Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la recién instalada Comisión para la Reforma de la Justicia Penal. La normativa fue diseñada para cubrir hechos ocurridos en un rango de 27 años, pero limitada a 13 eventos específicos de confrontación política.
Cuestionamientos de las ONG y el sistema penal
Pese al optimismo gubernamental, la ONG Foro Penal sostiene que menos del 25 % de las excarcelaciones ocurridas en 2026 se deben realmente a la aplicación de esta ley. Las organizaciones defensoras de derechos humanos alertan que aún permanecen en prisión 473 presos políticos. En respuesta a las críticas sobre el sistema judicial, Delcy Rodríguez instaló una comisión para realizar una «gran consulta» nacional que busque reformar la justicia penal y combatir males estructurales como el retardo procesal y la corrupción.
Advertencia sobre reincidencia
El cierre de esta etapa de amnistía viene acompañado de una advertencia legal estricta. El último artículo de la ley establece que cualquier beneficiario que incurra en nuevos delitos tras la vigencia del texto será procesado penalmente sin posibilidad de recurrir nuevamente a esta medida. Con este anuncio, el Gobierno busca dar por superado el ciclo de excepcionalidad política derivado de la crisis de principios de año.
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