Diversas organizaciones no gubernamentales rechazaron de forma contundente el anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre el presunto «fin» de la amnistía en Venezuela. Organizaciones como Provea calificaron la medida de «arbitraria e inconstitucional», señalando que este tipo de declaraciones atentan contra el proceso de convivencia y paz que el propio Ejecutivo ha promovido tras la crisis política de principios de año.
La ONG Acceso a la Justicia explicó que la Ley de Amnistía, sancionada el 19 de febrero, no establece una fecha de vencimiento. Según la normativa venezolana, una ley de este rango solo puede ser derogada mediante otro instrumento legislativo dictado por el Parlamento o por una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ. En este sentido, los expertos denunciaron una «intromisión del Ejecutivo» en facultades que corresponden exclusivamente a los poderes Legislativo y Judicial, violando el principio de separación de poderes.
Vulnerabilidad y situación de los presos políticos
Justicia, Encuentro y Perdón alertó que dar por concluida la ley de forma unilateral genera una grave inseguridad jurídica. La organización destacó que esta señal instruye «de facto» a los tribunales para desestimar futuras solicitudes de libertad, dejando en vulnerabilidad a las víctimas. Según los registros de las ONG, aún persisten 473 presos políticos en el país, lo que refuerza la crítica de que la ley ha sido un ejercicio de «retórica política» más que un instrumento genuino de liberación.
Balance oficial y exclusiones del texto
Pese a las críticas, el Gobierno defiende los resultados del proceso. Según el diputado Jorge Arreaza, hasta la fecha 8.616 personas han sido beneficiadas, aunque solo 314 se encontraban efectivamente en centros de reclusión. La Ley de Amnistía abarca un periodo de 27 años (desde 1999), pero está limitada a 13 eventos específicos, dejando fuera delitos relacionados con corrupción, homicidios y violaciones de derechos humanos, casos que ahora el Gobierno pretende canalizar a través de nuevas comisiones de reforma judicial.
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