La delegación de la oposición venezolana en la mesa de diálogo con el oficialismo instó este sábado a las organizaciones y ciudadanos independientes a presentar sus postulaciones para conformar el Comité de Postulaciones Judiciales, órgano encargado de preseleccionar a los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como parte de los acuerdos institucionales promovidos por la diplomacia internacional.
Convocatoria ciudadana y requisitos de postulación
«La participación de la sociedad civil es fundamental para dotar de credibilidad y confianza al proceso de renovación del TSJ», afirmó a través de la red social X el exdiputado opositor Juan Miguel Matheus, integrante de la representación negociadora.
La convocatoria fue oficializada este viernes por la Asamblea Nacional, abriendo el proceso para elegir a 12 miembros provenientes de la sociedad civil, quienes trabajarán de forma conjunta con 11 parlamentarios en la evaluación de los futuros jueces del máximo tribunal.
De acuerdo con las bases publicadas por el Legislativo, los aspirantes a representar al sector independiente deben poseer la nacionalidad venezolana, ser mayores de 35 años y no haber sido objeto de sentencias penales firmes ni sanciones administrativas. El lapso para la recepción de credenciales concluirá el próximo 9 de octubre.
Alcance del proceso y antecedentes legislativos
Una vez constituido con sus 23 integrantes, el Comité de Postulaciones Judiciales procesará las candidaturas a magistrados del TSJ y elevará la nómina definitiva ante la plenaria del Parlamento para la votación y designación final.
Matheus enfatizó que este mecanismo se enmarca en las iniciativas de reinstitucionalización y reforma del sistema judicial acordadas en las conversaciones bilaterales lideradas por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, tras los acontecimientos políticos registrados a principios de año.
El pasado 1 de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó una modificación legal para elevar de 11 a 12 la cuota de representantes independientes en el comité, atendiendo a las exigencias de equilibrio representativo. La medida busca renovar un tribunal cuya composición actual ha enfrentado cuestionamientos por su proximidad política al Ejecutivo saliente y su rol tras los comicios de 2024.
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