El Gobierno de Venezuela reiteró este sábado su rechazo absoluto al Laudo Arbitral de París de 1899 —dictamen que adjudicó la región del Esequibo a la entonces Guayana Británica— e invitó formalmente a las autoridades de Guyana a retomar la vía del diálogo bilateral para resolver la controversia sobre el territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados.
Reclamación de derechos históricos y el Acuerdo de Ginebra
A través de un comunicado oficial publicado a propósito de la fecha del arbitraje, la Cancillería calificó el fallo como un despojo orquestado por potencias coloniales de la época, viciado de nulidad desde su concepción.
«A 127 años de aquel artificio, Venezuela ratifica sus derechos históricos sobre la Guayana Esequiba y reafirma la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966 como el instrumento jurídico válido para resolver la controversia territorial, a través de un arreglo práctico, satisfactorio y mutuamente aceptable», reza el texto gubernamental.
En el documento, Caracas extendió nuevamente la invitación a Georgetown para entablar negociaciones directas, señalando que representa el «único camino para sentar bases sólidas y estables para la buena vecindad, la cooperación, el desarrollo económico compartido y la promoción de la inversión en la región».
Rechazo a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia
Venezuela sostiene la nulidad del laudo desde 1962, tras la aparición de documentos que probaron componendas irregulares en el tribunal arbitral. Dicho reclamo derivó en la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, en el que las partes se comprometieron a negociar una salida pacífica. No obstante, en años recientes Guyana elevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para exigir la validez del dictamen de 1899, un mecanismo judicial que Venezuela no reconoce como vinculante.
Al respecto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, fijó posición esta misma jornada al enfatizar que el país no se someterá a un eventual fallo del tribunal internacional sobre un territorio rico en recursos minerales y yacimientos petroleros.
«Cualquier solución efectiva deberá surgir de la negociación entre ambos países. Ratificamos nuestro compromiso con la legalidad y las buenas relaciones de vecindad en la defensa de nuestros derechos», expresó Rodríguez a través de sus canales oficiales.
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