Denuncian desvío de beneficios en CVG Venalum: Suspenden tarjetas de alimentación a trabajadores bajo reposo médico

Un número significativo de trabajadores de la Industria Venezolana de Aluminio, C.A., CVG Venalum, acudió a la sala de redacción de este medio de comunicación para denunciar la suspensión arbitraria del pago de la tarjeta de alimentación al personal que se encuentra bajo reposo de salud debidamente justificado.

Los afectados cuestionaron con preocupación a dónde va a parar el dinero correspondiente a este beneficio, cuyo monto oscila en los 150 dólares mensuales por trabajador. Asimismo, señalaron una contradicción dentro de la empresa estatal; mientras el personal catalogado como «no requerido» continúa percibiendo esta bonificación, a los trabajadores convalecientes por enfermedad se les suspende de manera inmediata.

Un «castigo» a la salud del trabajador

A juicio de los denunciantes, esta medida representa un mecanismo de represión patronal contra quienes se enferman. Insistieron en que ningún empleado se acoge a una baja médica por voluntad propia, ya que el proceso exige un justificativo rigurosamente avalado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y la posterior validación del médico ocupacional de la empresa, quien dictamina formalmente si el trabajador está apto o no para ingresar a las áreas de producción.

El impacto del Memorándum 2792 en Guayana

Los voceros explicaron que la realidad socioeconómica para las familias del holding de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) es insostenible. Con un salario básico promedio de 60 dólares mensuales, el sustento diario depende casi exclusivamente de la tarjeta de alimentación y del Bono de Guerra Económica.

Los denunciantes recalcaron que esta vulnerabilidad se profundizó desde la implementación del Memorándum 2792 por parte del Ministerio del Trabajo. Esta directriz gubernamental abrió paso a la abolición de las convenciones colectivas y eliminó las escalas salariales basadas en la profesionalización, antigüedad, méritos y nivel de riesgo. Asimismo, causó la pérdida de conquistas históricas como los seguros de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), jubilaciones dignas, bonos de producción y beneficios escolares para los hijos de los trabajadores.

«Ahora, además de habernos despojado de nuestros contratos colectivos, pretenden castigar la salud del personal retirándole la tarjeta de alimentación en los momentos más difíciles», señalaron los afectados.

Precariedad en higiene y seguridad industrial

La denuncia de los trabajadores de Venalum también expuso las severas deficiencias operativas y de seguridad que enfrentan diariamente en las celdas y talleres de la planta:

Falta de implementos básicos: Aseguran que el calzado de seguridad entregado por la empresa no cumple con las especificaciones mínimas para áreas de alto riesgo. Además, se eliminaron las dotaciones periódicas de uniformes, obligando al personal a laborar con ropa particular.

Deficiencias en el comedor: Calificaron de deficiente y repetitivo el servicio de alimentación dentro de la fábrica, señalando que el menú diario suele limitarse a arroz con pollo y agua.

Colapso del transporte: Denunciaron que cuando Venalum se retrasa en los pagos a las cooperativas y empresas de transporte, las unidades dejan de cubrir las rutas establecidas. Como consecuencia, el personal debe viajar hacinado y de pie en vehículos no aptos, poniendo en riesgo su integridad física.

Exigen una auditoría a las nóminas de la CVG

Ante esta situación, los afectados exigieron al presidente de la CVG, Héctor Silva Hernández y al presidente de Venalum, ingeniero Ángel Gonzalez, ofrecer explicaciones públicas sobre los criterios de exclusión de las tarjetas de alimentación.

De igual forma, exhortaron al ministro del Proceso Social de Trabajo, Alexis Corredor, a realizar una auditoría urgente a los departamentos de nómina de las empresas básicas bajo este nuevo modus operandi. Finalmente, solicitaron a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, llamar a consulta a la alta gerencia de la corporación para frenar de inmediato estas medidas que atentan contra la subsistencia del sector aluminio en el estado Bolívar.

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