La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, denunció penalmente este miércoles al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. La acción judicial lo señala de presuntos delitos de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir contra el exjefe de las FARC, Rodrigo Londoño, y los firmantes del acuerdo de paz de 2016.
La denuncia, radicada formalmente ante la Fiscalía General de la Nación, sostiene que las constantes manifestaciones públicas de De la Espriella «incrementan el riesgo» de seguridad para los excombatientes en proceso de reincorporación, promoviendo la estigmatización contra quienes se acogieron a los términos de la negociación.
El recurso legal responde al anuncio realizado el pasado lunes por el mandatario electo, quien aseguró que una vez asuma la Presidencia el próximo 7 de agosto, procederá a suprimir el cargo de Alto Comisionado para la Paz y a desmontar lo que calificó como un «perverso sistema de impunidad».
En dicha alocución, De la Espriella cuestionó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) autorizara un viaje de Rodrigo Londoño a España, afirmando que el antiguo líder guerrillero «merece estar preso de por vida». Asimismo, el futuro jefe de Estado criticó que Pilar Rueda Jiménez, esposa del senador izquierdista Iván Cepeda, trabaje en ese tribunal transicional.
Alertas sobre violencia de género y defensa de la JEP
Ante estos señalamientos, Cuartas también solicitó al ente acusador investigar las declaraciones dirigidas contra Rueda, bajo la premisa de que podrían constituir violencia política de género.
A través de su cuenta en la red social X, la funcionaria enfatizó que los pronunciamientos del presidente electo «representan una amenaza directa» para el andamiaje del proceso de paz. De igual manera, advirtió que agotará «todas las instancias necesarias» para garantizar el respeto a la justicia transicional pactada.
La presentación de esta denuncia se produce de manera estratégica antes de la posesión de De la Espriella el próximo 7 de agosto, fecha en la que el nuevo mandatario pasará a estar amparado por el fuero constitucional que limita las competencias de la justicia ordinaria sobre la figura presidencial.
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