Santiago de Chile.- Llegaron en busca del «milagro chileno», pero un mes después del estallido social más grave de las últimas tres décadas, la comunidad migrante se debate entre el miedo a tener que hacer las maletas de nuevo y la esperanza de que las revueltas traigan un Chile más justo y con oportunidades para todos.
Ailyn Díaz, de 41 años, llegó con su esposo a Santiago en 2017 huyendo de la extrema violencia y la carestía de Venezuela. Una prima lejana los animó a migrar. «Chile es un país estable y con oportunidades», les dijo.
Él se ubicó en una compañía informática y ella es dependienta en una «tienda de todo a dólar» que apenas ha podido abrir en las últimas semanas porque se encuentra en Avenida Providencia, muy cerca del epicentro de las protestas. Sus jefes le han prometido que van a hacer todo lo posible para no sacrificar personal, pero ella no las tiene todas consigo.
«Viví esta situación en mi país y no quiero repetirla. Los chilenos dicen que esto no va a parar, que va para rato. De verdad que este era un país súper tranquilo», insiste Díaz a Efe, tras asegurar que esta semana convenció a un familiar que había iniciado trámites para mudarse a Chile de que buscase otro destino.
Su compatriota Aníbal Pérez, un conductor de Uber de 38 años, es un poco más optimista. Antes de aterrizar en Santiago, pasó unos meses en Ecuador, donde «casi no hay trabajo y hay cierto rechazo a los venezolanos».
Pese a que tiene menos clientes que al inicio de las protestas, aún no se le ha pasado por la cabeza irse: «No me sorprende que los chilenos hayan salido a la calle, hay mucho que reclamar, pero esta crisis está muy lejos de ser Venezuela».
SANGRÍA ECONÓMICA EN EL «OASIS» LATINOAMERICANO
Las revueltas, que no cesan pese a las medidas sociales anunciadas por el Gobierno y al acuerdo parlamentario para cambiar la Constitución, ya han causado 23 muertos y miles de heridos y están provocando además graves destrozos económicos: el peso está en sus niveles más bajos, el turismo se ha resentido, las principales carreteras y puertos del país amanecen un día sí y otro también bloqueados y continúan los saqueos a centros comerciales.
El Banco Central ha rebajado su previsión de crecimiento para 2019 del 2,5 a 1,9 % y el Gobierno estima que se podrían perder hasta 300.000 puestos de trabajo a finales de año, lo que elevaría la tasa de desempleo del 7 % al 10 %.
El jefe de la misión en Chile de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), Matteo Mandrile, explicó a Efe que los migrantes son uno de los colectivos «más vulnerables» en las crisis y dijo que aún es «pronto» para conocer el impacto en esta comunidad porque «la situación en Chile está en pleno desarrollo».
Li Xang, asesor jurídico de la Fundación Scalabrini, afirmó sin embargo a Efe que «decenas» de migrantes se han inscrito en las últimas semanas en la bolsa de empleo de la organización católica o han pedido espacio en sus albergues, luego de perder sus trabajos en comercios que fueron saqueados o incendiados.
En los últimos años, Chile ha atraído a muchos migrantes por su prosperidad económica -con cerca de 26.000 dólares anuales, tiene el mayor PIB per cápita de Latinoamérica- y por su estabilidad política. El propio presidente Sebastián Piñera llegó a hablar días antes del estallido de un «oasis» en la convulsionada región.
Según el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), en el país hay 1,2 millones de migrantes, lo que equivale al 7 % de la población. Los venezolanos son los más numerosos -han aumentado casi un 30 % desde 2018-, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
VOZ EN EL NUEVO CHILE
El padre Beto, de origen brasileño y con más de 15 años trabajando con migrantes en Chile, reconoce que entre la comunidad hay «sentimientos encontrados».
«Por un lado está el temor de que la situación se cebe con los más débiles, el miedo a perder el trabajo, a que la violencia se agudice y a no poder construir el sueño de una vida mejor; y por otro lado están las esperanzas de un mañana distinto», indicó.
Su parroquia, en el centro de la capital, acogió recientemente el primer «cabildo migrante» del país, donde una treintena de personas de distintas nacionalidades debatieron durante una mañana entera sobre las posibles salidas al estallido social.
«Los migrantes quieren lo mismo que los chilenos, educación y salud gratuita y de calidad y, a poder ser, con enfoque de multiculturalidad», explicó el religioso, que también colocó entre sus prioridades la agilización de los trámites para conseguir la residencia.
Elva Caicedo, colombiana de 48 años, acudió al cabildo porque quiere «un Chile mejor» para su nieta. Llegó pensando que iba a ser fácil empezar de cero, pero enseguida se topó de bruces con la realidad: todos los servicios básicos están privatizados y «la vida es muy cara y no alcanza a fin de mes».
«Ojalá nos tengan en cuenta porque los migrantes aportamos mucho al país en el que estamos. Yo creo que va a venir un buen cambio para todos», concluyó, consciente de que el país se enfrenta a su mayor reto desde el fin de la dictadura militar en 1990.
María M. Mur EFE
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