En medio de la incertidumbre creada entre las fuerzas opositoras sobre las posibles fechas para realizar el proceso de primaria que definirá la selección de candidato presidencial, una para el 22 de octubre, hecha por la Comisión Nacional de Primaria (CNP), y otra para noviembre de 2023, recomendada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), queda pendiente el elemento de peso que mayor fuerza tiene en la actividad: los inhabilitados.
A la discusión de esta semana se suma un elemento contundente, que el rector suplente del CNE, Conrado Pérez Briceño, asegurara que “el que está inhabilitado no se inscribe para participar en las elecciones de cualquier naturaleza y rango”.
«Hay 1.963 inhabilitados, hasta el corte del Registro Electoral del 30 de agosto de 2023. Algunos por delitos de diferente naturaleza, pero tienen la clave en el CNE que no pueden inscribirse por ninguno de los efectos, y eso sí está claro desde el punto de vista legal y desarrollado en principios constitucionales”, sentenció en entrevista con Globovisión.
Y apuntó además otros aspectos clave y es que en el contexto actual “no se habla del fondo de la inhabilitación. No se conoce, o se pretende hacer una condición de mártir y no se va al fondo de los elementos. Las personas que están inhabilitadas están notificadas, saben los efectos de lo que sobre ellos recayó”.
Ante los señalamientos hechos por voceros de la oposición sobre el excontralor Elvis Amoroso, y su papel en la mayoría de las sanciones de inhabilitación que cursan, Pérez Briceño citó la Ley Orgánica de Contraloría y Sistema de Control Fiscal, promulgada el 23 de diciembre de 2010, según la cual “fue aprobada (en su momento) por unanimidad, artículo por artículo”, por lo que el tema de las inhabilitaciones, es totalmente constitucional.
En relación con este tema, la exconsultora jurídica del CNE Eglée González-Lobato, analista en materia de Derecho, ha ratificado que las inhabilitaciones, mediante vías de hecho, “son inconstitucionales” y el CNE “debe garantizar el ejercicio del derecho al sufragio, más aún cuando no se ha seguido procedimiento”.
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