Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cuerpos policiales tomaron preventivamente los puentes sobre el río Caroní para evitar que trabajadores de las empresas básicas bloquearan los accesos entre Puerto Ordaz y San Félix.
De forma paralela, en la avenida Guayana, a la altura del distribuidor Alcasa, efectivos de la Guardia Nacional desplegados en tanquetas, junto a directivos y personal de confianza de las empresas, neutralizaron un intento de cierre de vía.
Dirigentes sindicales denunciaron que presidentes y gerentes de las filiales de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) acudieron personalmente al distribuidor Alcasa para amedrentar a los manifestantes. Según la dirigencia, el personal activo ha recibido amenazas de «desactivación» o despido si no se presenta a sus puestos de trabajo.
Ante el despliegue de contención, los manifestantes trasladaron la protesta hacia la sede principal de la CVG, espacio conocido como el “muro de los lamentos”.
En la zona, el grupo de jubilados, pensionados y trabajadores activos ratificó que mantendrá la huelga de hambre hasta obtener respuesta del Ejecutivo nacional a su exigencia de 1.200 dólares por concepto de utilidades. Por su parte, Pedro Perales, representante de la Central Obrera de Guayana, elevó la petición a 1.500 dólares.
La contingencia vial obligó a desviarse al transporte corporativo. Las unidades que trasladaban al personal hacia industrias como Venalum, Alcasa e Interalumina debieron transitar por el sector Punta de Cuchillo, en la zona industrial Matanzas, para mantener la operatividad.
Finalmente, los voceros sindicales expresaron que esperan concretar una reunión con el ministro y presidente de la CVG, Héctor Silva, para instalar una mesa de negociación, aunque insistieron en que no cederán en sus demandas económicas.
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