El economista Francisco Rodríguez comentó que una Corte de Delaware, en Estados Unidos, autorizó a cuatro acreedores de Venezuela «embargar a Citgo para cobrar US$2,5 millardos en deudas».
En ese sentido, explicó que a diferencia de decisiones anteriores, «esta parte de la determinación de que Juan Guaidó ejerció de forma inapropiada el control directo sobre la empresa».
Cabe acotar que en la legislación estadounidense, los acreedores de una nación «no tienen un derecho directo para embargar bienes de una empresa pública como PDVSA», dado que este derecho «solo lo adquieren si son capaces de comprobar que la República ha usado a esta empresa para sus propios fines».
Dijo que a partir del reconocimiento por EEUU del interinato en 2019, «la responsabilidad por el control de la empresa recae sobre funcionarios nombrados por Juan Guaidó. Por tanto, los acreedores tenían que probar que el interinato – y no Maduro – ejercía control directo sobre la empresa».
Precisó que el juez Stark «halló que el gobierno interino ejerció control extensivo de PDVSA al utilizar fondos de filiales de PDVSA para sus propios fines, ordenar a PDVSA hacer y suspender pagos de deuda y anunciar que la deuda de PDVSA y la República tendrían el mismo trato».
«Todas estas acciones de responsabilidad directa del gobierno interino sirvieron para ratificar el alter ego y llevaron a que la Corte decidiera permitir a los acreedores proceder al embargo de Citgo», resaltó.
Rodríguez recordó que en varias oportunidades advirtió sobre «los riesgos causados por el manejo que el interinato hizo de PDVSA».
«Lamentablemente, estas advertencias fueron ignoradas por aquellos a quienes correspondía llevar la representación legal de la República», expresó.
«Es inexcusable que, después de haber gastado decenas de millones de dólares en abogados, el interinato haya incurrido en fallas tan básicas. Que lo hayan hecho siembra serias dudas sobre la integridad de quienes estuvieron a cargo de la conducción de estos asuntos», indicó.
Igualmente, aseveró en su cuenta en la red social Twitter que las órdenes de embargo dictadas por el juez Stark «se harán vigentes en el momento en que la OFAC emita las autorizaciones correspondientes».
«Sumado a las deudas de cobro ya autorizadas, el total de acreencias que permiten embargar a Citgo suma US$7,6 millardos», enfatizó.
Propuso que la Asamblea Nacional (AN) de 2015, que continúa ejerciendo el control de los activos de la República en el exterior, «debe proceder de inmediato a la negociación con estos acreedores. Dada la situación financiera de Citgo, aún es posible una negociación para salvarla».
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