La reactivación del comercio de material de construcción en el sur del estado Bolívar se encuentra paralizada debido al bloqueo administrativo de los códigos del sistema SACPRO. Aunque la Corporación Socialista del Cemento (CSC) devolvió recientemente los cargamentos retenidos de forma imprevista, 17 empresas del sector permanecen inhabilitadas para despachar, una situación que, según los afectados, no cuenta con una notificación por escrito ni un procedimiento jurídico que la justifique.
Esta medida restrictiva afecta a los comerciantes de los municipios Gran Sabana y Sifontes —específicamente en localidades como Tumeremo y El Dorado—. El gremio empresarial, liderado por Jean Franco Fabi, presidente de la Cámara de Industria, Producción y Comercio Gran Sabana, denunció la gravedad del escenario actual, señalando que la mercancía devuelta «nunca debió estar confiscada» al contar con los pagos al día y la permisología de ley para su traslado.
La restricción de los canales formales de distribución ha encendido las alarmas esta semana ante el auge de un mercado informal donde el cemento ya se comercializa a precios especulativos.
Los empresarios advierten que este bloqueo no solo asfixia la economía legal de la región, sino que amenaza con paralizar por completo los proyectos de infraestructura comunitaria en las zonas afectadas, beneficiando únicamente a la economía irregular.
Ante este panorama, una comisión de empresarios acudirá a las instancias señaladas como responsables de la orden, entre ellas la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) N° 62 Bolívar.
El objetivo de este movimiento es instalar una mesa de diálogo con las autoridades militares para esclarecer las supuestas investigaciones de seguridad, exigir el respeto al debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución y lograr la reactivación inmediata de los códigos de despacho.
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