El Juzgado Tercero Penal de Rionegro, Antioquia, emitió una orden de encarcelamiento contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en la actuación penal. La medida judicial se produjo luego de que el exmandatario fuera hallado responsable de intentar manipular las investigaciones en su contra mediante la compra de testigos y la falsificación de pruebas en el proceso judicial.
A raíz de la condena, el despacho judicial notificó oficialmente al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que se procediera con la detención de Uribe. La boleta de detención fue enviada a la cárcel de Sonsón, en el departamento de Antioquia, como lugar inicial de reclusión. No obstante, debido a la naturaleza de la condena, el expresidente podrá cumplir la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, informa Caracol Radio.
Según el documento emitido por el juzgado, Uribe firmó una diligencia de compromiso en la que se compromete a cumplir con las condiciones de la prisión domiciliaria. Además, el exjefe de Estado realizó un pago de caución prendaria por un valor equivalente a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smlmv), lo que permite que pueda permanecer en su finca en Llanogrande, Antioquia, mientras se resuelven los recursos legales interpuestos por su defensa.
El compromiso firmado por Uribe incluye una serie de medidas de control y monitoreo por parte de las autoridades, quienes se encargarán de realizar verificaciones periódicas en el lugar de reclusión. Esto asegura que el exmandatario cumpla con las restricciones impuestas durante el tiempo que dure su condena en libertad condicional.
Mientras tanto, la defensa de Uribe se mantiene en la lucha por su libertad total. Actualmente, existen dos recursos en curso que podrían modificar la situación del expresidente. El primero es una tutela que busca que Uribe recupere su libertad hasta la segunda instancia, y el segundo es una apelación que está preparando su equipo legal para impugnar la condena por fraude y soborno. En estos momentos, el Tribunal Superior de Bogotá revisa ambos procedimientos para determinar si existen elementos suficientes para reconsiderar la sentencia o, en su defecto, ratificar la condena impuesta.
Este proceso ha sido uno de los más mediáticos y controversiales en la historia reciente de Colombia, debido a las implicaciones políticas y legales que ha tenido para Uribe, quien fue una de las figuras más influyentes del país durante su mandato presidencial entre 2002 y 2010. La condena ha generado una amplia discusión en la sociedad colombiana sobre el papel del exmandatario en los casos de corrupción y la justicia en el país.
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