La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció este miércoles que su administración estaba al tanto de una orden de aprehensión emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara, quien fue detenido recientemente en Colombia por presuntamente recibir un soborno de dos millones de dólares para beneficiar a un integrante ligado al Cartel de Sinaloa.
Durante su habitual conferencia de prensa matutina, la jefa de Estado confirmó que las autoridades mexicanas poseían conocimiento del proceso judicial abierto en territorio estadounidense. Sheinbaum puntualizó que el funcionario judicial había salido del país antes de su arresto y remitió a los voceros del gabinete de seguridad y del Poder Judicial para profundizar en los detalles técnicos de la investigación.
Los cargos y la acusación del Departamento de Justicia
Benítez Alcántara, de 49 años de edad, fue aprehendido en territorio colombiano a principios de noviembre mediante un operativo coordinado con agencias de seguridad estadounidenses. Las autoridades de ese país tramitan su extradición para juzgarlo por nueve cargos penales asociados a su presunta colaboración con redes transnacionales del narcotráfico.
De acuerdo con el expediente fiscal de Estados Unidos, el juzgador habría aprovechado sus facultades en materia de extradición en Ciudad de México para conceder la libertad bajo fianza y decretar la excarcelación del ciudadano canadiense Andrew Clark, identificado como el segundo al mando en la estructura criminal liderada por el exdeportista olímpico Ryan Wedding. Tras la medida otorgada en febrero de 2025, Clark fue recapturado días más tarde y entregado a la justicia norteamericana.
Procedimientos en México y estrategia de la defensa
La detención en Suramérica activó revisiones institucionales en territorio mexicano. El Tribunal de Disciplina Judicial informó que Benítez Alcántara registraba previamente cuatro procedimientos administrativos abiertos por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, sumando ahora un nuevo expediente tras los acontecimientos recientes.
Por su parte, la representación legal del juez ha rechazado los señalamientos de soborno presentados en la acusación y adelanta acciones legales para frenar la extradición a Estados Unidos, argumentando que cualquier evaluación sobre sus actuaciones procesales corresponde ser juzgada ante las instancias competentes del Poder Judicial de México.
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