El Gobierno de Bolivia acusó al expresidente Evo Morales de encabezar una estructura de narcotráfico radicada en el Trópico de Cochabamba —su principal bastión político y sindical—, mediante la cual habría financiado las jornadas de protesta y bloqueos de carreteras registradas entre mayo y junio.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó durante una entrevista en la emisora Erbol que el exmandatario controla la producción de sustancias ilícitas que sale de esa región del centro del país, caracterizada también por ser una de las principales zonas de cultivo de hoja de coca.
De acuerdo con el funcionario, durante las inspecciones operativas efectuadas por los cuerpos policiales en las siete semanas de cortes de ruta, se constató la salida de más de ocho millones de bolivianos provenientes del Trópico para sostener las movilizaciones. Asimismo, señaló a organizaciones campesinas como la federación Tupac Katari de La Paz de participar en el esquema de financiamiento de las protestas que exigían la dimisión del presidente Rodrigo Paz.
Impacto de las movilizaciones y crisis económica
Las protestas y bloqueos de carreteras fueron promovidos durante 53 días por sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y agrupaciones afines a Morales, en reclamo por la situación económica del país y para presionar la salida del jefe de Estado.
El saldo de las manifestaciones dejó 16 personas fallecidas, la mayoría de ellas debido a la imposibilidad de recibir atención médica oportuna a causa de las vías bloqueadas. En el transcurso de las movilizaciones, el propio Morales instó públicamente al mandatario nacional a optar entre la militarización o la convocatoria a elecciones en 90 días.
Procesos judiciales y órdenes de aprehensión
Actualmente, la Fiscalía mantiene abierta una investigación penal contra el expresidente bajo los cargos de alzamiento armado y terrorismo, acusándolo de haber liderado las acciones contra la estabilidad del Ejecutivo, causa por la que pesa sobre él una orden de captura.
Adicionalmente, Morales enfrenta una orden de detención previa por la presunta comisión del delito de trata agravada de personas, vinculada a una investigación sobre la relación que habría sostenido con una menor de edad durante su mandato. Debido a estos procesos, el líder cocalero permanece resguardado en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, custodiado por grupos de seguidores que mantienen una vigilia constante para impedir su arresto.
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