La organización no gubernamental Foro Penal, dedicada a la defensa de los detenidos por motivos políticos en Venezuela, contabiliza un total de 321 personas privadas de libertad en el país, de las cuales 31 son extranjeras o poseen doble nacionalidad, según el boletín difundido este miércoles con fecha de corte al 9 de noviembre.
De acuerdo con el desglose presentado por la ONG, la totalidad de los registrados son mayores de edad, distribuidos en 306 hombres y 15 mujeres. Asimismo, la organización precisó que 181 pertenecen al sector civil y 140 al ámbito militar, advirtiendo además a través de la red social X que se desconoce el paradero de uno de los detenidos incluidos en el registro.
Excarcelaciones recientes y expectativas ante el diálogo
El reporte se conoce días después de que Foro Penal confirmara a la agencia EFE la excarcelación, bajo medidas cautelares, del empresario del sector camaronero en el estado Zulia, José Enrique Rincón, quien permaneció casi cinco meses recluido.
Estas cifras salen a la luz en la antesala del cuarto ciclo de negociaciones impulsadas por Estados Unidos para una transición política en Venezuela. En este marco, la jefa de la delegación opositora en el diálogo, Dinorah Figuera, señaló recientemente que se prevé un anuncio sobre nuevas liberaciones. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instó el pasado 2 de noviembre al canciller venezolano, Oliver Blanco, durante un encuentro en Washington, a continuar con el proceso de liberaciones como parte de las reformas orientadas hacia la celebración de elecciones libres.
Posturas enfrentadas sobre las detenciones
Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado mes de enero en Caracas por parte de fuerzas estadounidenses, la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, puso en marcha un proceso de excarcelaciones que se ha extendido durante el año y que incluyó la aprobación en febrero de una ley de amnistía, instrumento que diversas ONG han calificado como excluyente.
Frente a los balances de las organizaciones de derechos humanos y las denuncias de los partidos opositores, el Gobierno venezolano sostiene que en el país no existen presos políticos y afirma que las personas detenidas enfrentan procesos judiciales por la comisión de delitos tipificados en la ley.
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