La jefa de la delegación opositora en el proceso de diálogo con el oficialismo, Dinorah Figuera, logró visitar este miércoles a Perkins Rocha, asesor jurídico de la principal coalición opositora, horas después de que se denunciara el impedimento de acceso a la residencia del abogado en Caracas, donde cumple arresto domiciliario desde el pasado mes de febrero.
Tras salir del encuentro, Figuera informó a través de la red social X que conversó con Rocha y con su esposa, María Constanza Cipriani, acerca de la restricción de visitas reportada horas antes. Acompañada por el exdiputado Jorge Millán, también integrante de la mesa negociadora, la dirigente demandó el cese de estas acciones contra el jurista, su entorno familiar y su equipo legal, al tiempo que exigió la liberación de Rocha y de todos los presos políticos. La visita se produjo el mismo día en que Figuera arribó a Caracas procedente de Madrid para participar en el cuarto ciclo de negociaciones impulsado por Estados Unidos de cara a una transición en Venezuela, cuyo inicio está pautado para este viernes.
Denuncias de restricción ilegal y visita frustrada de la ONU
Más temprano, el abogado defensor de Rocha, Omar Mora Tosta, denunció ante los medios de comunicación que funcionarios policiales bloquearon el ingreso de visitantes a la vivienda. Mora Tosta calificó la medida como ilegal y aseguró haber conversado este mismo miércoles con el juez de la causa, quien le ratificó que no existe ninguna prohibición judicial de visitas dictada por el tribunal.
Por su parte, Perkins Rocha señaló en X que un comisario no identificado de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) impartió la orden de restringir todo tipo de visitas, haciendo especial énfasis en periodistas y representantes de organizaciones de derechos humanos. Según indicó el asesor jurídico, la medida se ejecutó precisamente en la jornada en que tenía previsto recibir a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación.
Antecedentes de su detención
Rocha fue privado de libertad en medio de la crisis política desencadenada tras las elecciones presidenciales de 2024, luego de que la Plataforma Unitaria Democrática denunciara fraude en los resultados oficiales que adjudicaron la reelección a Nicolás Maduro.
Durante aquel proceso, el jurista se destacó como uno de los principales críticos del Consejo Nacional Electoral (CNE) por proclamar un ganador sin haber publicado las actas ni los resultados desagregados establecidos en su cronograma, sosteniendo desde entonces la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia.
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