El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), junto a organizaciones de la Alianza por la Libertad de Expresión en Venezuela, exigió la derogación total de la Ley Constitucional contra el Odio durante la consulta pública de la Asamblea Nacional (AN), advirtiendo que el proyecto de reforma parcial mantiene un esquema de control administrativo que amenaza al periodismo, pese a eliminar las penas de prisión.
Hasta enero de 2026, el 70 % de los 40 periodistas presos o judicializados en el país enfrentaban imputaciones bajo esta normativa, cuyo impacto también promueve la autocensura editorial y el silencio de las fuentes por temor a represalias.
Entre los puntos más críticos del proyecto destaca la ambigüedad del artículo 4, que emplea términos subjetivos como «temor», «angustia» o «zozobra» para definir el hostigamiento y los mensajes de violencia, dejando la puerta abierta para penalizar denuncias de corrupción o críticas al poder.
A esto se suman las elevadas cargas del artículo 21 —multas de entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial, además de hasta 600 horas de trabajo comunitario—, sanciones capaces de comprometer el patrimonio de comunicadores independientes y forzar el cierre de medios.
Concentración de poder
El sindicato también alertó sobre la concentración de poder en el artículo 24, que faculta al ministerio con competencia en justicia para investigar y sancionar expresiones públicas, convirtiendo al Ejecutivo en juez y parte.
De igual forma, rechazó las imposiciones establecidas en los artículos 13, 15 y 23 —que obligan a difundir contenidos oficiales por treinta minutos semanales, retirar mensajes digitales de inmediato y someter a los prestadores de servicios a procesos administrativos—, medidas que vulneran la autonomía editorial e incentivan la censura preventiva.
Para el SNTP, esta ley especial resulta innecesaria porque el ordenamiento jurídico venezolano ya sanciona la incitación al odio y la discriminación mediante el artículo 285 del Código Penal y las leyes contra la discriminación racial y la violencia de género.
En sintonía con el Plan de Acción de Rabat de la ONU, la organización insistió en que combatir la violencia exige políticas educativas y responsabilidad discursiva de los funcionarios públicos, en lugar de restricciones arbitrarias.
Finalmente, el gremio denunció que la reforma ignora el daño causado durante nueve años de vigencia de la ley, pues omite mecanismos para revisar causas abiertas, anular condenas, limpiar antecedentes o reparar a los afectados.
Bajo la premisa de que la convivencia democrática no se construye limitando derechos fundamentales, el SNTP reiteró que solo la anulación completa de la norma garantizará el libre ejercicio del periodismo y la crítica pública.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
