Las soluciones habitacionales levantadas entre las décadas de 1960 y 1970 por el extinto Banco Obrero, más tarde transformado en el Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi), representaron un hito urbanístico en Guayana. Complejos emblemáticos de Puerto Ordaz como Villa Brasil, Villa Central, Villa Colombia, Mendoza, Barrio Orinoco y Villa Alianza, así como Doña Bárbara, Los Alacranes, Manoa y Simón Bolívar en San Félix, dieron cobijo a miles de familias. Sin embargo, a décadas de su edificación, el peso de los años y la falta de mantenimiento continuo amenazan con reducir a ruinas las estructuras de los sectores Manoa y Simón Bolívar.
Daños estructurales en los últimos pisos
El deterioro se hace palpable en el día a día de quienes habitan los bloques multifamiliares de Manoa. Las constantes filtraciones de agua de lluvia, originadas en techos severamente agrietados, penetran directamente en las viviendas de la última planta, ocasionando daños irreparables en pisos, paredes y bienes patrimoniales.
La penetración del agua no solo arruina los interiores de los hogares, sino que ha comenzado a agrietar las paredes maestras y tabiques de los departamentos, comprometiendo progresivamente la integridad física de las edificaciones.
Presupuestos inalcanzables para una población vulnerable
Para los propietarios, la solución supera con creces sus posibilidades financieras. Los costos de impermeabilización y reparación mayor son astronómicos para economías domésticas golpeadas. Incluso los fondos asignados a través de proyectos comunitarios que en ocasiones han alcanzado los 10 mil dólares, resultan totalmente insuficientes para cubrir el alcance real de las obras requeridas.
En la urbanización Manoa se construyeron 14 bloques multifamiliares, con estructuras que albergan hasta 28 apartamentos cada una. Aunque los residentes coinciden en que el mantenimiento de las áreas comunes corresponde legalmente a los propietarios, la realidad socioeconómica frena cualquier iniciativa privada. Gran parte de la población residente está constituida por adultos mayores cuyo único ingreso proviene de pensiones precarias o salarios mínimos, mientras que otros carecen por completo de asistencia familiar o social.
A este escenario se suma el abandono estético y preventivo. Vecinos recuerdan que la última vez que los edificios recibieron pintura y retoque en fachada fue durante la gestión del exalcalde José Ramón López; desde entonces, ninguna autoridad local ni regional ha ejecutado programas de rehabilitación integral en la zona.
Simón Bolívar: aguas servidas en la vía pública
La crisis habitacional de Manoa no es un caso aislado. En la vecina urbanización Simón Bolívar (UD-102), el deterioro de los bloques se complica aún más por el colapso sistemático del sistema de saneamiento.
Las redes de aguas negras presentan severas fugas a la altura de las denominadas «bocas de sapo», provocando que los efluentes desborden y corran libremente por la superficie de las calles, generando focos de contaminación y malos olores que afectan permanentemente a los transeúntes y vecinos.
Colapso del alcantarillado y vertido de grasas
El sistema de drenaje de Manoa también enfrenta contingencias graves durante la temporada de lluvias. Vecinos de la calle Potuaras, adyacente a la Escuela Básica Nacional Juan Vicente Cardozo, denuncian inundaciones constantes que terminan por anegar varias viviendas del sector.
De acuerdo con los propios afectados, el origen de los taponamientos en la red sanitaria y pluvial responde en gran medida al vertido irresponsable de aceites y desecho graso por parte de los comercios dedicados a la venta de pollo en la avenida Gumilla, los cuales arrojan estos residuos directo al sistema de aguas servidas sin tratamiento previo.
Un llamado a la acción conjunta
Ante este panorama crítico, los habitantes de los bloques ubicados en la avenida Los Caribes de Manoa elevan un llamado urgente a los tres niveles de gobierno, municipal, regional y nacional para coordinar un plan de rescate estructural.
Los residentes enfatizan que no solicitan asistencia pasiva, sino una alianza institucional, según se declaran plenamente dispuestos a aportar mano de obra y participación comunitaria para acometer los trabajos de impermeabilización y recuperación de las áreas afectadas, antes de que el deterioro cause pérdidas materiales mayores o comprometa vidas humanas.
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