El Alto (Bolivia).- Un balazo en la pierna cambió drásticamente la vida de Graciela, una enfermera que resultó herida los días de la crisis social en la zona de Senkata, de la ciudad boliviana de El Alto, algo que también ha sido un disparo a su alma y una razón para exigir «justicia».
Ella ha ingresado cojeando a un salón en el que se reúnen los afectados de la operación conjunta de militares y policías que dejó hace un año diez civiles muertos y más de una treintena de heridos, según datos de algunos defensores de los derechos humanos que apoyan esa causa.
En su convalecencia, Graciela no pudo reunirse con otras personas que también resultaron heridas ni con familiares de fallecidos, con lo que es la primera vez que lo hace para encontrarse con quienes asemejan ser una familia que se une alrededor de la tragedia que les pasó.
Ahí se habla de la misa del recordatorio, las actividades culturales, el memorial de Senkata y el pedido de justicia de responsabilidades contra la expresidenta interina del país Jeanine Áñez y los procesos penales hacia varios de sus ministros.
El DÍA DEL DISPARO
«Sufrí el impacto de bala y desde ahí, no sé, desde ahí mi vida ha sido truncada en todo sentido», dijo Graciela a Efe entre sollozos.
Algunas jornadas anteriores al difícil 19 de noviembre de 2019 Senkata, donde está una gran planta de almacenaje de combustible, estaba en protesta tras la renuncia de Evo Morales, que había denunciado un «golpe de Estado» para sacarlo de la Presidencia.
Aquellos días eran intensos, principalmente en el Hospital General de La Paz, sitio donde trabajaba Graciela y al que cada mañana se dirigía desde la agitada zona en la que vive.
«Me hirieron el 11 de noviembre, de ahí he estado hospitalizada, recibí la cirugía, desde ahí no pude ir al trabajo», cuenta lamentándose porque a pesar de tener una plaza de trabajo terminó por perderla.
Incluso con muletas y todo tuvo que ir a trabajar el día de Navidad, porque no halló un reemplazo y porque sentía que tenía «que ser responsable» con su labor.
Como prueba muestra una foto que guarda en su teléfono atendiendo pacientes, con su uniforme blanco y pese a su impedimento por la herida de bala.
BALA QUE SALIÓ POR EL CORAZÓN
El 19 de noviembre fue la jornada más dura en Senkata, en la que se reportaron gran parte de los muertos durante un operativo conjunto de policías y militares, que según las autoridades de entonces impedía que se tomaran la planta de combustible para evitar una tragedia sin precedentes.
La mayoría de los relatos de los afectados coincide en que las fuerzas de seguridad usaron armamento letal y que gran parte de los muertos fueron gente que iba de paso por el lugar y no aquellos que protestaban, señalados de terroristas o militantes del partido de Morales que se atacaron entre sí.
Así fue la muerte de Joel Colque, de 22 años, que según el relato de su hermana Verónica «nunca llegó» aquel mediodía como siempre solía pasar tras terminar un trabajo de seguridad, que le servía para colectar el sueño suyo de ser profesor de música y aprovechar su destreza con el saxofón.
Verónica halló a Joel muerto en la capilla del barrio, que se había convertido en una morgue improvisada en la que se guardaban los cuerpos de los caídos en medio de llanto y desconfianza de que los llevaran a otros lados.
La hermana de Joel relató que también tomaba cursos de mecánica, pero que aquella bala que «había entrado por la espalda y que le había salido por el corazón» terminó por romper todo sueño de querer mejorar su situación.
LA ESPERANZA DE JUSTICIA
La Fiscalía abrió un proceso de investigación «de oficio» y «solamente» por las muertes y heridos del 19 de noviembre, explicó a Efe el activista por los derechos humanos David Inca, que acompañó este proceso desde el inicio.
Inca lamentó que la Fiscalía no haya hecho «nada» para aclarar la situación y que solo «hace dos semanas atrás» se han vuelto a hacer gestiones para que «recién» los heridos y familiares de fallecidos presenten su declaración informativa.
Sin embargo, la acción más relevante la hizo una comisión del Parlamento anterior a la nueva legislatura iniciada hace poco tras las elecciones en el país.
Esa comisión hace unas semanas sugirió un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Áñez, además de procesos penales contra exministros y los jefes militares y policiales que comandaron esas acciones conjuntas.
Inca advirtió cierta intención de «encubrimiento» de los comandantes, ya que «no han visto nada, no han oído nada y no saben nada» de aquellas operaciones, según ha podido conocer en declaraciones que prestaron a aquella comisión legislativa.
Lo que queda es que el fiscal general, Juan Lanchipa, comience el proceso de investigación y la gestión que las víctimas tendrán que hacer ante las tres bancadas parlamentarias del Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Creemos para que se dé paso al juicio a la exjefa de Estado.
Gabriel Romano EFE
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
