Buenos Aires.- María Arena conoció el verdadero significado del miedo el 20 de diciembre del 2001. Recuerda que apenas durmió la noche anterior y que ese día se quedó en casa cuidando de sus tres hijos, una circunstancia que le impidió salir a manifestarse junto con Gastón Riva, su compañero de vida.
«En un momento de la tarde (del 20 de diciembre), vi en la pantalla cómo se llevaban a Gastón muerto entre varias personas», cuenta la mujer en una conversación con Efe. «Lo supe porque el cronista dijo ‘aquí llevan a uno de los muertos’. Estuve mucho tiempo sin volver a mirar una televisión».
Arena forma parte del grupo de familiares que, veinte años después, continúa esperando que se haga justicia por la «masacre de Plaza de Mayo», como se conoce a la represión policial que terminó con cinco muertos -entre ellos, Gastón- y centenares de heridos, en pleno corazón de Buenos Aires, el 20 de diciembre del 2001.
Aquella jornada fue uno de los episodios más negros del «Argentinazo», una ola de protestas que se propagó por todo el país hasta terminar con la presidencia de Fernando de la Rúa (1999-2001), quien, tras presentar su renuncia ese mismo 20 de diciembre, huyó de la Casa Rosada en helicóptero ante la furia de la multitud.
UNA REPRESIÓN INAUDITA
La mayoría de los argentinos recuerda el diciembre del 2001 como un punto de inflexión en sus vidas: la imposición del «corralito», los centenares de saqueos y los «cacerolazos» todavía forman parte de la memoria colectiva del país.
También la violencia policial, inédita desde el retorno de la democracia (1983), que caracterizó las jornadas del 19 y 20 de diciembre, cuando miles de personas desafiaron el «estado de sitio» decretado por el Gobierno y ocuparon las principales plazas y avenidas de las ciudades al grito de «que se vayan todos».
Uno de los centros de la protesta fue Plaza de Mayo, transformada en un escenario cuasi bélico durante la tarde del 20 de diciembre. Gastón Riva ni siquiera consiguió llegar al lugar. Una bala perforó su tórax mientras conducía una motocicleta y murió pocas horas después en un hospital.
«No hay ningún momento en que se recuerde a Gastón y a todos los caídos sin que uno pueda sentir una conmoción interna muy fuerte», reconoce su viuda, con voz ronca pero serena, al rememorar aquel día.
Adriana Ochoa guarda sensaciones similares. Su primo, Gustavo Benedetto, también salió a protestar, pero nunca volvió a casa. Recibió un disparo en la cabeza frente a una sucursal bancaria.
«La verdad es que fue terrible, porque me entero al día siguiente. Yo trabajaba muy cerca de donde lo mataron y me estaba escapando por un lado mientras que a él lo estaban matando por el otro», relata Ochoa a Efe.
SENTENCIAS PENDIENTES
Los responsables de estos hechos fueron condenados casi quince años después: en mayo del 2016, el tribunal Oral Federal 6 estableció penas de cuatro años y nueve meses de prisión para Enrique Mathov (exsecretario de Seguridad) y otros cuatro años de cárcel para Rubén Santos (exjefe de la Policía Federal) por «homicidio culposo» y «lesiones culposas».
El juzgado también condenó a otros siete exagentes policiales de alto rango por estos mismos delitos, entre ellos Norberto Gaudiero (exdirector general de Operaciones de la Policía Federal) y Raúl Andreozzi (exsuperintendente de Seguridad Metropolitana).
Sin embargo, este año el mismo tribunal rebajó en seis meses las sentencias de Mathov, Santos y Gaudiero, una decisión que, para los familiares de las víctimas, implica una «devaluación» de los asesinatos.
«Querer controvertir eso (las penas originales) es devaluar no solo la trascendencia del hecho, sino también el dolor de las víctimas, porque la pena no es ni más ni menos que el nivel de reproche que el hecho merece», afirma a Efe Rodrigo Borda, representante de la querella en esta causa.
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó estas condenas rebajadas el pasado 13 de diciembre, por lo que tan sólo resta el pronunciamiento de la Corte Suprema ante los posibles recursos para que Mathov y Santos ingresen definitivamente en prisión.
NECESIDAD DE REPARACIÓN
Los familiares de las víctimas coinciden en que ninguna sentencia firme aliviará su dolor, pero sí aportará «reparación» por lo sucedido aquel 20 de diciembre.
«Lo justo habría sido que nuestros familiares hubiesen ido a manifestarse y no les pasase nada, porque eso supone la democracia, no que el Estado saque a la Policía para matar gente», lamenta Adriana Ochoa.
La «masacre de Plaza de Mayo» no fue el único episodio sangriento que marcó aquel diciembre: 38 personas murieron de forma violenta en todo el país durante el transcurso del «estado de sitio».
Javier Castro Bugarín EFE
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