Fotografía de archivo del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia (i), al atender a EFE, en Madrid (España). EFE/Sergio Pérez

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia aseguró este lunes que la Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela, mediante su informe difundido este lunes en Ginebra, constata «la existencia de una política de Estado que ha derivado en crímenes de lesa humanidad».

Esta comisión presentó en la capital suiza las investigaciones sobre Venezuela que ha efectuado a lo largo del último año, periodo en el que hubo un repunte de la represión relacionado con el resultado de las últimas elecciones presidenciales y que, según lo reportado, muestran que sigue ocurriendo «el crimen de persecución por razones políticas».

Ante esto, el contrincante de Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024 -que la oposición considera fraudulentas-, alegó que este informe «documenta de manera detallada violaciones graves de derechos humanos en Venezuela», entre las que se encuentran «asesinatos en el marco de protestas, muertes bajo custodia del Estado, tortura sistemática, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, persecución política y muchas más».

«Estos hallazgos confirman la existencia de una política de Estado que ha derivado en crímenes de lesa humanidad. Hay verdades que no admiten discusión. Frente a la tortura, la violencia sexual, la desaparición forzada o la muerte, no puede haber transigencia ni justificación alguna», consideró González en un mensaje en su cuenta de X.

Informe sobre «dura represión»

En el pasado, esta Comisión de la ONU ha determinado en distintos informes la existencia de evidencia y ha documentado casos que indican que el Estado venezolano, a través de la cúpula del aparato gubernamental y de las fuerzas de seguridad, ha cometido crímenes de lesa humanidad.

El informe presentado este lunes en Ginebra al Consejo de Derechos Humanos aporta «nueva evidencia de la dura represión postelectoral que siguió a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024» y establece que la persecución política «ha continuado en 2025 contra aquellos que defienden los derechos humanos y las libertades».

Entre los elementos que aporta, la presidenta de la Comisión, la jurista portuguesa Marta Valiñas, dijo que de las 25 muertes relacionadas con ese episodio represivo se pudieron examinar y documentar suficientemente 14, y que en doce de éstas estaban involucradas las fuerzas de seguridad.

La jefa de la Comisión también recordó que un año después de esos incidentes la Fiscalía «no ha informado sobre las investigaciones que dice haber realizado», aunque desde el principio esta entidad aseguró que los cuerpos de seguridad no tenían responsabilidad alguna en las muertes y, por el contrario, acusó a la oposición.

«Sin embargo, nuestra investigación ha revelado lo contrario y, hasta el momento, todas las muertes permanecen en la impunidad», denunció. 

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