El Gobierno de los Estados Unidos ha dado un giro significativo en el proceso judicial contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, al admitir que el Estado venezolano podrá sufragar los honorarios de sus abogados defensores.
Esta rectificación, comunicada formalmente ante el tribunal federal de Manhattan, elimina el principal obstáculo que mantenía estancado el desarrollo del caso.
La decisión, plasmada en una misiva presentada por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, detalla que el Departamento del Tesoro ha emitido licencias modificadas que autorizan a los representantes legales de la pareja a recibir pagos provenientes de fondos gubernamentales de Venezuela.
Este ajuste normativo surge tras semanas de intensa presión judicial. El juez Alvin K. Hellerstein, quien preside la causa, había cuestionado severamente al Gobierno estadounidense durante las vistas previas, señalando que la denegación de acceso a fondos para la defensa podría vulnerar derechos constitucionales fundamentales.
El magistrado llegó a sugerir la posibilidad de desestimar la acusación si la Administración no reconsideraba su postura, un argumento que había sido sostenido por la defensa, encabezada por el abogado Barry J. Pollack, bajo la premisa de una violación a la Sexta Enmienda.
En la comunicación oficial, el fiscal Clayton precisó que la defensa ha reconocido que esta medida satisface sus preocupaciones inmediatas, retirando por el momento la solicitud de desestimación del caso. No obstante, las licencias otorgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) están sujetas a condiciones específicas.
Entre ellas, destaca que los pagos deberán efectuarse exclusivamente con recursos disponibles para el Gobierno venezolano a partir del 5 de marzo de 2026, fecha en la que se restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington.
Aunque el proceso contra el exmandatario y su esposa, capturados en Caracas a principios de enero de este año y trasladados posteriormente a territorio estadounidense, se encuentra aún en sus etapas iniciales y podría prolongarse por meses o años, la medida de la Administración despeja el camino para avanzar hacia las audiencias de fondo.
La Fiscalía y la defensa han solicitado formalmente la celebración de una vista preliminar en un plazo de 60 días, instancia que permitirá definir la hoja de ruta procedimental y los siguientes pasos en este caso de alta complejidad.
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