La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, eliminó de su lista de sancionados al general Carlos Rotondaro, expresidente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS).

Rotondaro fue sancionado durante el gobierno de Donald Trump, en 2018, por acusaciones de «malos manejos económicos y actos de corrupción».

En ese momento, también resultó sancionado Américo Mata, del directorio del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat; Antonio Contreras, de la Superintendencia para Defensa de los Derechos Socioeconómicos y Nelson Lepaje, del Tesoro venezolano.

«Rotondaro Cova, Carlos Alberto (alias Rotondaro Cova, Carlos; alias Rotondaro, Carlos), Distrito Capital, Venezuela; fecha de nacimiento 11 de septiembre de 1965; ciudadano venezolano; género masculino; cédula no. 6157070 (Venezuela); pasaporte 083445280 (Venezuela) vence el 29 de enero de 2019; alternativa pasaporte 022740782 (Venezuela) vence el 24 de mayo de 2014; expresidente de la junta directiva del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS) (persona física) [Venezuela]», es el mensaje expuesto en el portal web de la OFAC.

El general Carlos Alberto Rotondaro Cova ingresó al sector salud desde los primeros años del gobierno de Hugo Chávez.

Inició su gestión en el IVSS en 2003 y en el año 2007 asume la presidencia del Instituto, cargo del cual se separó en 2009 para desempeñarse como ministro de Salud. En 2010 renunció a ese cargo «por estrictas razones de salud».
 

En febrero de 2010 regresó al IVSS por órdenes de Chávez. En julio de 2012 lo ascendió a general de brigada, de un grupo de 147 integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en un acto en la sede militar Fuerte Tiuna.

El 21 de noviembre de 2017, ya fallecido Chávez, fue destituido tras permanecer una década en el cargo. Enfrentó denuncias de la falta de distribución de medicinas, tratamientos y medicamentos de alto costo contra afectaciones graves.

Las sanciones a Carlos Rotondaro llegan por parte de Estados Unidos en el año 2018, por «violación de Derechos Humanos y actos de corrupción», mientras que el Gobierno de Panamá, lo señala de «blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva».

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